Propone que el fiscal general no pueda ser llamado a informar al Consejo de Ministros

Delgado plantea modificar el sistema para nombrar al fiscal general como parte de los cambios por la nueva LECrim

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La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha planteado a las asociaciones fiscales la posibilidad de modificar el sistema por el que se nombra al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte de los cambios que habrá que acometer en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para adaptar la institución al nuevo modelo que diseña el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

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Delgado se ha reunido con representantes de las tres asociaciones fiscales --la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- en lo que éstas han definido como una primera toma de contacto sobre los cambios que la nueva LECrim requiere hacer en el Ministerio Fiscal, según han explicado a Europa Press.

De acuerdo con un comunicado de la FGE, Delgado les ha trasladado que "la Fiscalía asume decididamente el liderazgo en la organización del trabajo que se pondrá en marcha como consecuencia de la presentación del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que abordará también los términos en que haya de afrontarse la reforma de su Estatuto Orgánico para dotar a la Fiscalía de un estatus de autonomía reforzada".

Para Delgado, "el fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía debe ser objeto de tratamiento normativo paralelo al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, con un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que redefina la estructura, competencias y funciones de la institución".

La jefa del Ministerio Público ha lanzado ya algunas propuestas concretas, entre las que destaca una "reforma del sistema de nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General del Estado con la instauración de contrapesos que acrecienten su autonomía del Ejecutivo, a quien incumbe la designación conforme al modelo elegido por el constituyente de 1978 y por la mayor parte de los países de nuestro entorno".

En la misma línea, ha propuesto una "regulación de las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal general del Estado basada en los principios de transparencia y publicidad, transcripción de las mismas en un registro público y supresión de la posibilidad de que la persona titular de la Fiscalía General del Estado pueda ser llamada a informar ante el Consejo de Ministros".

Las asociaciones fiscales han coincidido en la necesidad de hacer cambios en la figura del fiscal general. Así, Miguel Pallarés, de APIF, ha defendido que "el Ministerio Fiscal tiene que reforzarse en su independencia y autonomía en todos los aspectos para desvincular al FGE del Gobierno que lo designe y de cualquier tipo de injerencia, ni siquiera de la propia institución". Ésta, ha señalado a Europa Press, "tiene que ganar credibilidad ante el ciudadano".

Entre las propuestas que han realizado las asociaciones fiscales están las de aumentar a cinco años el mandato del fiscal general y que no cese si cae el Gobierno, puesto que con ambas medidas trascendería al Ejecutivo que lo nombre, o la intervención de las Cortes Generales en el proceso de designación.

Mayor autonomía

Además, Delgado ha expresado la necesidad de que el Ministerio Fiscal cuente con "autonomía organizativa, con atribución de competencias en materia de régimen administrativo y estatutario de los integrantes de la carrera fiscal", y "autonomía presupuestaria, pues la verdadera autonomía organizativa pasa por disponer de un presupuesto propio y de capacidad y medios para su gestión".

También ha apuntado a una "autonomía normativa para la autorregulación de la institución, lo que implica una capacidad reglamentaria propia en relación al régimen interior del Ministerio Fiscal y su propia organización, similar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a otros organismos con personalidad jurídica propia"; y a la "autonomía formativa, con la asunción de competencias exclusivas o compartidas con el CGPJ en base a unos objetivos, necesidades y presupuestos propios".

Las asociaciones fiscales han llamado la atención de Delgado sobre la necesidad de dotar de medios, tanto materiales como humanos, al Ministerio Fiscal para que pueda asumir todas las funciones que le atribuye la nueva LeCrim, de las cuales la más significativa es que la instrucción de las causas penales pasará de manos de los jueces a los fiscales. A este respecto, le han mencionado la posibilidad de modificar el modelo de la carrera fiscal o incluso plantear una carrera conjunta de jueces y fiscales.

Un "hito ilusionante"

La reunión, conforme han comentado las asociaciones fiscales, ha consistido en intercambiar impresiones sobre los principales desafíos que supone la nueva LECrim para el Ministerio Público con la intención de alcanzar un consenso de toda la carrera fiscal de cara a la eventual propuesta que haya que hacer al Ministerio de Justicia y al Parlamento. Delgado se ha mostrado dispuesta a escuchar a las tres organizaciones y se ha comprometido a enviarles un documento informativo para ir concretando y a volver a reunirse con ellas.

La FGE ha avanzado en su comunicado que, aprovechando las principales herramientas del Ministerio Fiscal --trabajo en equipo, especialización y estructura territorial--, se constituirán equipos de trabajo formados por miembros de la carrera fiscal, en los que tendrán un papel protagonista el Consejo Fiscal y las asociaciones profesionales, si bien Delgado, como máxima representante de la institución, "liderará de forma directa estas iniciativas".

Delgado ha resaltado que la Fiscalía encara un "hito ilusionante" que exige el "compromiso proactivo" de todos cuantos integran la institución. "Nos enfrentamos a un cambio de paradigma que reviste cierta complejidad y debe ser objeto de estudio y reflexión por parte de quienes estamos llamados a ser los principales actores del nuevo modelo", ha afirmado, mostrándose segura de que los fiscales españoles están decididos a asumir el "reto".