Madrid, 8 de marzo de 2017.- El número de asuntos ingresados en los Juzgados y Tribunales españoles en 2016 fue de 5.813.031, lo que supone una disminución del 31,4 % respecto al año anterior, según el informe “Situación de los órganos judiciales en el año 2016” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.
El informe revela también que, en 2016, se resolvieron un total de 6.070.530 asuntos y que, a final de año, quedaban en trámite 2.234.652, lo que representa una reducción del 8,2 % respecto a los que estaban en esa situación al inicio del periodo estudiado.
Bajan los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones
En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados en 2016 fue de 1.868.228, lo que supone una disminución del 9,9 por ciento respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 1.966.745 asuntos y quedaron en trámite a final del año 1.037.352.
La jurisdicción penal es la que registró un descenso más significativo en el ingreso de asuntos, como consecuencia de la entrada en vigor el 6 de diciembre de 2015 de la reforma del artículo 284.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la se dispuso que, con carácter general, los atestados policiales en los que no existe autor conocido del delito denunciado no se remitirán a los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción, donde se resolvían de forma inmediata con un auto de archivo.
La modificación legal, en consecuencia, tuvo su reflejo en 2016 tanto en la entrada de asuntos -3.365.823, un 42 % menos que el año anterior- como en el número de asuntos resueltos -3.489.058, un 41,8 % menos que en 2015-. La cifra de asuntos en trámite al final del periodo era de 722.617.
La caída es aún más acusada si se atiende exclusivamente al ingreso de asuntos en los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción, dejando aparte el resto de órganos de la jurisdicción penal: el número de diligencias previas pasó de 3.786.427 en 2015 a 1.740.103 el año pasado, lo que representa una disminución del 49,2 por ciento.
Mientras tanto, en la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron en 2016 un total de 196.155 nuevos asuntos, un 1,3 % menos que el año anterior. La cifra de asuntos contenciosos resueltos fue de 213.649, y la de asuntos en trámite al final del periodo de 191.840.
Por último, los 382.579 asuntos ingresados en la jurisdicción social fueron un 4,3 % menos que los que tuvieron entrada en 2015. Los órganos de esta jurisdicción resolvieron el año pasado un total de 400.831 asuntos. A finales de 2016, quedaban en trámite en los órganos de la jurisdicción social otros 282.768 asuntos.
Datos del cuarto trimestre de 2016
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2016, el número de asuntos ingresados en la jurisdicción civil fue de 476.459, un 8,4 % que en el mismo trimestre del año anterior. Los asuntos resueltos fueron 490.509.
En la jurisdicción penal, en el último trimestre del año se registraron 810.093 asuntos, lo que supone una disminución interanual del 38,7 por ciento. En esta jurisdicción resolvieron 835.911 asuntos.
En la jurisdicción contencioso-administrativa, el número de asuntos ingresados en el cuarto trimestre de 2016 fue de 54.863, un 11,8 % más que en el mismo periodo del año anterior. Se resolvieron 53.688 asuntos.
Por último, en la jurisdicción social ingresaron 97.816 asuntos entre los pasados 1 de octubre y 31 de diciembre, con un incremento interanual del 2,8 por ciento. El número de asuntos resueltos en ese tiempo fue de 102.014.
Canarias, a la cabeza en tasa de litigiosidad
En 2016, la tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 124,9 asuntos por cada mil habitantes.
La Comunidad Autónoma que registró una mayor tasa de litigiosidad fue Canarias, con 158,7 asuntos por cada mil habitantes, seguida por Andalucía, con 145,5. Les siguieron, también superando la media nacional, Illes Balears (135,2), Murcia (128,9), la Comunidad Valenciana (127,9), Cantabria (125,2) y Madrid (125,1).
En el otro extremo aparece Castilla y León, con 84,4 asuntos por cada mil habitantes, la tasa de litigiosidad más baja de todo el territorio nacional.
