Nueva Ley de eficiencia procesal
Esta Ley, que previsiblemente se aprobará en 2022, entre otros aspectos, recoge una serie de medidas para conciliar la vida personal y profesional de los profesionales de la abogacía. Así, en los casos de nacimiento y cuidado de menor, las personas profesionales que tengan derecho a baja por maternidad o paternidad podrán solicitar la suspensión del procedimiento para el período de descanso laboral obligatorio establecido según la legislación laboral y de seguridad social. Esta suspensión afectará a todos los procedimientos en los que intervenga.
Por otra parte, el periodo navideño entre el 24 de diciembre y el 6 de enero siguiente también serían inhábiles, para lo que se modificaría la LEC.
También, en los casos de enfermedad grave y/o fallecimiento de un familiar del profesional de la abogacía, se tendrá derecho a la suspensión de 3 a 5 días.
Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia
Esta Ley contempla la creación de tres figuras fundamentales: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.
Estas tres piezas de la nueva norma contribuirán a una gestión y organización más eficientes, y reducirán la brecha territorial, digital y ecológica, acercando a la ciudanía los servicios públicos independientemente del lugar en el que se habite.
Ley de Eficiencia Digital
La norma tiene como objetivo establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital.
Así, se harán estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos, que ya se utilizaron durante el principio de la pandemia, y supondrá un cambio en el día a día de los profesionales de abogacía.
Además, fortalecerá la interoperabilidad de los sistemas existentes mediante el intercambio de expedientes electrónicos y la transmisión de documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales.
Ley de Enjuiciamiento Criminal
El Gobierno confía en sacar adelante durante 2022 la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sustituyendo a la actual, que data de 1882.
En el anteproyecto desaparecen los jueces instructores y se crean las de fiscal investigador, juez de garantías y juez de la audiencia preliminar, en un procedimiento en el que se limita la acción popular.
Entre otros aspectos, también refuerza las garantías y, especialmente, el papel central de la víctima en el proceso, a la que se reconoce un estatuto propio, contemplando un amplio catálogo de medidas para evitar la revictimización e incorporando la justicia restaurativa a la norma procesal.
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