La delegada o delegado de igualdad es, según la definición contenida en el Protocolo, un juez o jueza que se encarga de coordinar, promover y difundir las actuaciones necesarias para ejecutar las medidas del Plan de Igualdad de la Carrera Judicial en el ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia donde preste servicio. Esas medidas se centran muy especialmente en materia de conciliación de la vida personal, familiar y profesional y de corresponsabilidad familiar, así como en materia de formación en igualdad y perspectiva de género.
Entre otras funciones, las delegadas y delegados de igualdad de cada TSJ deberán recabar de su territorio datos desagregados por género sobre las medidas de conciliación concedidas por cada Tribunal Superior de Justicia y, con periodicidad semestral, ponerlos en conocimiento de la Comisión de Igualdad con fines estadísticos. Asimismo, también cada seis meses, deberán informar a la presidencia de su TSJ de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente o por el Pleno del CGPJ que afecten a la aplicación de las medidas de conciliación de los miembros de la Carrera Judicial.
Formación y sensibilización en perspectiva de género
Las delegadas y delegados se encargarán, además, de promover la formación y sensibilización de los jueces y juezas de su territorio en igualdad, detección y superación de estereotipos de género, enjuiciamiento con perspectiva de género, corresponsabilidad familiar y solución pacífica de conflictos interpersonales. Para ello, colaborarán con el Servicio de Formación Continua en la elaboración del plan de formación descentralizada de sus respectivos territorios.
El nombramiento de las delegadas y delegados en igualdad, cuyo mandato será de cinco años prorrogable, corresponde a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Podrán optar a este cargo los jueces y juezas en activo, así como aquellos miembros de la Carrera que se encuentren en excedencia por cuidado de hijos menores de tres años o familiares dependientes.
La designación se realizará mediante convocatoria de un concurso público que resolverá la Sala de Gobierno de forma motivada y teniendo en cuenta la experiencia y los conocimientos específicos acreditados por los candidatos y candidatas en materias como la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, el enjuiciamiento con perspectiva de género y el derecho orgánico judicial.
