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También se verá el dictamen de la Proposición por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del CP, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo

El Congreso abordará los reales decretos-leyes sobre medidas urgentes de prevención del COVID-19, reforma laboral y sobre la SAREB

Noticia

El Pleno del Congreso de los Diputados decidirá sobre la convalidación o derogación de tres reales decretos-leyes relativos a medidas de prevención y contención del COVID-19, y sobre la adopción de medidas urgentes para la reforma laboral y por el que se modifica el régimen jurídico de la SAREB.

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La Cámara Baja también decidirá si comienza a tramitar dos proposiciones de ley, celebrará la sesión de control al Gobierno y dictaminará la proposición de ley orgánica que modifica el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción del embarazo, entre otros asuntos.

Medidas frente al COVID-19, reforma laboral y SAREB

La sesión plenaria del martes acogerá el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

En concreto, la norma establece el uso obligatorio de mascarillas para las personas de seis años en adelante en cualquier espacio cerrado o al aire libre de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos.

El texto también establece las excepciones a esta obligatoriedad, como puede ser durante la práctica de deporte individual o de actividades en el exterior, siempre que se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros con otras personas no convivientes.

Asimismo, tampoco están obligadas a llevar mascarilla las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.

Los reales decretos-leyes sobre la reforma laboral y sobre la reforma del régimen jurídico de la SAREB se verán el jueves, a partir de las 9:00 horas. El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para asumir la prevalencia de los contratos indefinidos y reducir los contratos temporales al eliminar aquellos referidos por obra y servicio.

El texto también establece que los contratos de duración determinada solo podrán concertarse por circunstancias de la producción derivadas de un incremento imprevisible o por sustitución. Según la norma, además, todas las personas que estén contratadas incumpliendo las condiciones de la nueva regulación adquirirán la condición de fijas, así como aquellas que lleven contratadas por dos o más contratos por circunstancias de la producción durante un plazo superior a los 18 meses en los últimos dos años.

A continuación, el Pleno debatirá el Real Decreto-ley, de 18 de enero, por el que se modifica el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB), que, entre otros asuntos, elimina la limitación del Estado en la participación del accionariado de esta entidad.

De esta manera, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podrá llegar a una posición mayoritaria en el capital de la SAREB sin que ésta adquiera la condición de sociedad mercantil estatal.

Reforma del Código Penal

El jueves, el Pleno verá el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, así como a los profesionales que participan en ello.

El dictamen emitido por la Comisión de Justicia establece penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días a quien acosare mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos a una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, según el texto, se aplicarán las mismas penas a quien acosare a los facultativos o directivos de los centros donde se realice la intervención.