El proyecto, para el que Justicia tiene previsto destinar 47,6 millones de euros durante 2015, pretende la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales.
La nueva norma obliga a que las comunicaciones entre profesionales de los órganos judiciales se realicen de forma exclusiva a través de medios informáticos a partir del próximo año y en todos los órdenes jurisdiccionales.
Durante el debate previo a la aprobación del texto, la mayoría de los grupos parlamentarios han mostrado sus dudas sobre el cumplimiento de este objetivo, debido a la carencia de medios suificientes para llevarlo a cabo.
La norma dispone que los jueces puedan emplear datos de correo electrónico y de número de teléfono para localizar a los demandados. Por tanto, se hará habitual en la Administración de Justicia la recepción electrónica de las notificaciones que hasta ahora se recibían en papel. Además, se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.
En relación a los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia, los colegios de procuradores estarán obligados a habilitar los medios necesarios de forma que pueda garantizarse el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.
En cuanto a la presentación de escritos y documentos, a partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán también obligados a emplear los medios electrónicos existentes para realizar esta actividad. Para hacerlo efectivo, la administración competente deberá de habilitar los medios técnicos necesarios antes de dicha fecha.
Además, el Ministerio prevé un ahorro gracias a otra de las novedades introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil dirigida a dotar de nuevas funciones a los procuradores, que tendrán la capacidad de realizar actos de comunicación si sus clientes así lo solicitan.
Entre las enmiendas aprobadas se apuesta por que las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia fijen una fecha, distinta si es necesario al 1 de enero de 2016, para dotar de los medios electrónicos adecuados a los órganos judiciales para que pueda eliminarse el papel de los Juzgados en todo el territorio nacional. La oposición ha planteado esta enmienda argumentando que en un periodo de seis meses se necesitaría de la movilización de recursos presupuestarios también por parte de las Comunidades Autónomas.
