La actual normativa del CGPJ es de 1985 y no recoge la existencia del Observatorio porque éste se creó mediante un convenio en 2002 entre el Ministerio de Justicia, el de Trabajo y Asuntos Sociales y el propio CGPJ, adhiriéndose posteriormente la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, y las comunidades autónomas, con competencias transferidas en materia de Justicia.
"Sin embargo, hasta este momento, carecía de regulación legal", según explicó el portavoz de Justicia del PP, José Miguel Castillo Calvín.
Así, se ha buscado que el CGPJ asuma legalmente las competencias en materia de violencia de género, al incluir como competencia propia del Consejo, por vez primera vez y con rango de Ley Orgánica, "la relativa al estudio y seguimiento de la respuesta judicial, en materia de violencia doméstica y de género".
Fue en marzo cuando el PSOE en el Congreso alertó de que la reforma del órgano de gobierno de los jueces no contemplaba el Observatorio de Violencia de Género y por tanto alertaba de que Ruíz-Gallardón pretendía suprimir este órgano.
"Existe un claro compromiso por que aparezca en la ley porque nos sirve para estudiar sentencias, conocer el número denuncias, ver 'in situ' cómo funcionan los juzgados de violencia de género, aparte de hacer un seguimiento de las víctimas de esta violencia", explicó entonces a Europa Press la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Quintanilla.
La reforma de la citada normativa prevé la reducción del número de comisiones dentro del Consejo. No obstante, esta disminución mantiene la Comisión de Igualdad, presidida por la vocal Inmaculada Montalbán, de la que depende este Observatorio.
Huir de la demagogia
Respecto a las acusaciones efectuadas por la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Castillo Calvín criticó "la utilización partidista de hechos que no son ciertos, cuando lo que está en juego es la seguridad de muchas mujeres".
De hecho, el diputado popular señaló que "la única actitud responsable es huir de la demagogia y despolitizar al máximo la violencia de género".
Asimismo, destacó que el Gobierno tiene como prioridad superar los actuales obstáculos que dificultan o imposibilitan la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y, muy especialmente, la lucha activa contra la lacra de la violencia de género que, en España, ha arrebatado la vida a más de 600 mujeres desde 2003.
