Se trata de una de las medidas que a su juicio debe contener un pacto nacional contra la violencia de género, así como la creación de una Unidad de Coordinación contra la violencia de género en cada comunidad autónoma, un aumento de los recursos en los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, o el establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.
Por otro lado, la Comisión ha dado luz verde a una proposición no de ley para impulsar un Pacto Nacional por la racionalización de horarios y la conciliación laboral.
Modificar el horario laboral
La iniciativa insta al Gobierno a promover los cambios legales necesarios a favor de mejorar las políticas de igualdad y conciliación entre la vida familiar y profesional.
Entre estas medidas destaca fomentar el teletrabajo, permitir horarios flexibles de entrada y salida del trabajo y adelantar la hora de entrada a las 8 de la mañana, acumular horas de trabajo en bancos de tiempo, reducir la comida a 30-45 minutos, compatibilizar el calendario escolar de festivos y la jornada escolar con el calendario laboral, o la recuperación del huso horario británico.
En esta materia, la comisión también ha respaldado una proposición no de ley para poner en marcha "de forma inmediata" una reforma integral del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus cuidadores, en casos de nacimiento, adopción o acogida.
Según especifica, el objetivo de dicha reforma es que el permiso sea de igual duración para cada persona cuidadora --que tanto el padre como la madre disfruten de 16 semanas--; que sea intransferible en su totalidad; pagado el 100 % del salario; y con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad.
A su vez, solicita que dicha reforma suponga asimismo un cambio de denominación de los 'permisos de paternidad y maternidad' por permisos de 'cuidadores y cuidadoras', para contribuir a avanzar en materia de corresponsabilidad.
También ha salido adelante una proposición no de ley que reclama al Gobierno el impulso de un Plan de intervención contra el Lenguaje y Discurso de Odio, de Discriminación, Xenófobo e Intolerante, con especial incidencia en la erradicación de todas sus manifestaciones en Internet y en las redes sociales, además de que se presente un proyecto de ley contra los delitos de odio.
