Así lo ha anunciado la ministra de Justicia, Pilar Llop, y ha confirmado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
El objetivo de dicha reforma es "situar a España en la vanguardia de la modernidad en los procedimientos concursales, asimilándose a cómo se está regulando en otros países de nuestro entorno europeo", según ha destacado Llop.
Justo la semana pasada, el Ejecutivo recibió el último de los informes que necesitaba antes de elevar el anteproyecto a segunda vuelta en el Consejo de Ministros para que la ley inicie el trámite parlamentario.
En concreto, se trata del informe del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, que incluía "una serie de observaciones" que el Gobierno ya ha analizado antes de aprobarlo mañana. Además, ha recibido también el informe del Consejo General del Poder Judicial, que es "bastante positivo" en términos generales respecto al texto del anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 3 de agosto.
Pese a la próxima aprobación en Consejo de Ministros, Calviño ya ha abierto la puerta a prorrogar la moratoria concursal hasta la entrada en vigor de la reforma de esta normativa.
En principio, esta moratoria está prorrogada hasta el 30 de junio de 2022, pero la vicepresidenta ha asegurado que esta ampliación "da seguridad jurídica durante el plazo transitorio hasta la entrada en vigor de la reforma concursal".
Principales líneas del anteproyecto
El proyecto normativo incluye la transposición de la directiva europea de reestructuración e insolvencia e introduce otras reformas en el ámbito concursal. Esta modificación constituye una de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y va dirigido a garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad.
Además, pretende que los empresarios personas físicas insolventes puedan disfrutar de la exoneración de sus deudas, después de un periodo de tiempo "razonable", favoreciendo la segunda oportunidad y que se mejore la eficiencia del procedimiento concursal con el fin de reducir su duración.
Se presta especial atención en el anteproyecto de ley a las microempresas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características.
