El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado un Real Decreto que actualiza el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. Adapta sus funciones, reguladas hasta ahora por el RD 142/1981 de 9 de enero, a la nueva realidad de la libertad religiosa en España, a la práctica registral y a las necesidades de las entidades religiosas.
El Real Decreto se enmarca en la doctrina del Tribunal Constitucional y en las directrices de la OSCE sobre la adquisición de la personalidad jurídica de las entidades religiosas.
La norma establece una mejor definición de las entidades que pueden acceder al Registro y de los actos con trascendencia registral. Así, este Real Decreto establece que, además de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, podrán inscribirse, entre otras, las circunscripciones territoriales, comunidades locales, las asociaciones con fines religiosos, los centros de formación y los centros superiores de enseñanza.
Los actos que se incorporan al Registro son: la fundación en España de la entidad, las modificaciones estatutarias, la identidad de los titulares del órgano de representación, la incorporación y separación de las entidades a una federación, la disolución de la entidad, los lugares, los ministros de culto y cualquier otro dato derivado de los acuerdos de cooperación firmados. La personalidad jurídica se adquiere tras la inscripción en este Registro.
Entre las novedades de la nueva regulación destaca la publicidad registral que permitirá a cualquier interesado poder consultar los datos de las entidades inscritas en el Registro a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.
De este modo, se transforma un Registro que se gestionaba desde el formato papel, a una realidad electrónica que permitirá avanzar en una gestión digital que servirá para mejorar en eficacia, eficiencia y ahorrar trámites a los ciudadanos que podrán realizar sus actuaciones de forma telemática. Con ello, se ponen además las bases para su interoperatividad.
Solo en los últimos diez años, el número de entidades inscritas en el Registro se ha incrementado en un 30% constituyendo un claro indicador de la pluralidad religiosa de la sociedad española.
