Según ha destacado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra la reforma modifica "por completo" el articulado para "dejar atrás un enfoque asistencialista y pasar a un reconocimiento centrado en los derechos humanos y, concretamente, en los derechos de las personas con discapacidad".
El nuevo artículo recoge, según ha adelantado Belarra, que las personas con discapacidad son titulares de derechos, sin que pueda producirse discriminación de ningún tipo; y que los poderes públicos garantizarán su plena autonomía e inclusión social, respetando sus preferencias y libertad de elección.
Además, ha indicado que se deberá atender la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad, víctimas de discriminación interseccional; y todas las políticas que se lleven a cabo se elaborarán contando con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.
La nueva redacción dice que "las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación", y encomienda a los poderes públicos la tarea de "realizar las políticas necesarias para garantizar la autonomía personal y plena inclusión social de las personas con discapacidad".
Asimismo, establece que se regulará "la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes" y subraya que "las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales".
Modelo social de discapacidad
El objetivo es reformular completamente el artículo 49, dedicado a las personas con discapacidad, que según CERMI había quedado “desalineado y anticuado” dada la evolución que ha experimentado la concepción y el enfoque de la discapacidad como una “cuestión de derechos humanos”.
El nuevo artículo actualiza la terminología desterrando la palabra disminuidos que para CERMI es “hiriente y no encaja con el modelo social de la discapacidad”. Sin embargo, aparte del cambio de nomenclatura, para la entidad esta reforma “va mucho más allá” puesto que establece un nuevo artículo mucho más amplio e integral que cristaliza la visión de derechos humanos de acuerdo con el marco internacional y europeo, además de prohibir expresamente cualquier tipo de discriminación.
Según el presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, “esta reforma situará a España en el rango constitucional como uno de los países con legislación fundamental más avanzada en materia de personas con discapacidad”. Por ello, Pérez Bueno la ha considerado como “una buena propuesta” que “si bien puede ser mejorada en ciertos aspectos en el trámite parlamentario, puede ser precursora de futuras reformas de carácter social de más amplio calado, como la constitucionalización como fundamentales de los derechos sociales”.
Por último, ha recordado la importancia y el gran calado que esto tiene para todo el sector social de la discapacidad en la historia democrática puesto se da un paso “muy firme y muy decidido” en hacer real esa definición que la Constitución vigente ofrece de España como Estado social, democrático y de derecho, “poniendo el acento en lo social”.
