![Ministro Justicia](https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/12/Ministro-Justicia-p408220-m1259132-768x334_w100.jpg)
Bolaños ha destacado el impulso reformista con el que afronta esta legislatura y ha subrayado la ampliación de derechos y libertades y la mejora del servicio público de Justicia como los dos compromisos-marco en torno a los que se articularán las actuaciones a desplegar, siempre desde el respeto al Estado de derecho y la separación de poderes, defendiendo el imperio de la ley y transitando por la senda que marca la Constitución.
Durante su intervención, el ministro ha realizado un breve repaso de sus primeros treinta días al frente de la cartera de Justicia y ha destacado que su agenda se ha centrado en establecer contactos y encuentros con las distintas autoridades y operadores del sector, en línea con los principios de diálogo, cooperación, escucha y toma de decisiones que, según ha explicado, serán el sello que caracterice su gestión.
Justicia gratuita y derecho a la defensa
Para esta legislatura, Bolaños ha establecido cuatro prioridades.
La primera de ellas es la garantía de la tutela judicial efectiva. A este respecto, destaca la revisión del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, con el objetivo de mejorar el servicio, así como la aprobación de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita adaptada a las necesidades actuales. Por otro lado, se retomará la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, pionera en Europa, que garantizará el libre acceso a los tribunales y el reconocimiento del derecho a la asistencia letrada gratuita a todas las personas en situación de especial vulnerabilidad. Además, tal y como ha destacado el ministro, se continuará impulsando el acceso pleno a la Justicia de los colectivos más vulnerables.
Bolaños ha explicado también que el departamento impulsará durante esta legislatura, en colaboración con el Ministerio de Igualdad, una ley integral que aborde de manera global el fenómeno de la trata y la explotación.
Mejora del servicio público de Justicia
La segunda de las prioridades es la mejora del servicio público de Justicia, para hacer de este un servicio de calidad, cercano a la ciudadanía, accesible e integrador, eliminando las brechas y desigualdades geográficas.
Con este objetivo, el Consejo de Ministros aprobó este pasado martes un Real Decreto-ley que incorpora tanto la Ley de Eficiencia Digital como gran parte del contenido de la Ley de Eficiencia Procesal, impulsadas durante la pasada legislatura. La norma supone un giro definitivo en materia de transformación digital que mejorará de forma significativa la relación de la ciudadanía y las empresas con la Administración de Justicia, con novedades como la implantación de la Carpeta Justicia, la mejora del Expediente Judicial Electrónico o la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales.
Asimismo, el ministro ha manifestado el compromiso de aprobar a la mayor brevedad un texto en materia de eficiencia organizativa.
Impulso al programa de becas para oposiciones a la carrera judicial
En tercer lugar, y en materia de personal, se retomarán las conversaciones para tratar las reivindicaciones salariales de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia, así como el resto de demandas abordadas en las Mesas de Trabajo.
Además, Bolaños ha destacado como uno de los proyectos más importantes el impulso al programa de becas para la preparación de oposiciones a las profesiones públicas de Justicia. Una iniciativa desarrollada en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos con la que, tal y como ha explicado, este Gobierno está especialmente satisfecho, y cuya finalidad es que el acceso a las profesiones de la Justicia no esté condicionado por la renta o el origen social. “El objetivo es que nadie deje de ser juez, jueza, magistrado, fiscal, abogado o abogada del Estado porque no pueda permitírselo", ha afirmado.
En 2023 se han concedido 793 becas de más de 6.600 € anuales, frente a las 245 de la primera convocatoria, y el objetivo es que para 2024 el presupuesto se incremente de manera considerable.
Cinco directivas impulsadas durante la presidencia española del Consejo de la UE
En cuarto lugar, y en lo referente al ámbito internacional, el ministro ha calificado como netamente positivo el balance de la presidencia española del Consejo de la UE, en su formación de Justicia e Interior, y ha destacado los acuerdos con el Parlamento Europeo, que han permitido sacar adelante cinco expedientes legislativos: la Directiva de protección del medioambiente por el Derecho Penal; la Directiva de demandas estratégicas contra la participación pública (anti-SLAPP); la Directiva de recuperación y decomiso de activos; la Directiva de sanciones penales por incumplimiento de las medidas restrictivas de la UE; y la Directiva de responsabilidad civil por productos defectuosos.
Para esta nueva legislatura, Bolaños se ha comprometido a reforzar la participación proactiva del Ministerio en proyectos e instituciones de la UE y el Consejo de Europa, y a fortalecer las relaciones europeas con América Latina, así como las relaciones en el ámbito judicial con terceros países, en especial EEUU, Reino Unido y Marruecos.
Renovar el CGPJ, una obligación
Finalmente, sobre la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, el ministro ha afirmado que devolver la normalidad al CGPJ no es una opción, sino una obligación que no está sujeta ni a condiciones ni a voluntades individuales. En este sentido, ha destacado que el Gobierno ha vuelto a tender la mano al principal partido de la oposición y está dispuesto a desplegar el máximo diálogo para lograr un acuerdo.