La reforma del Estatuto Fiscal, con el objetivo de dar más autonomía a los fiscales que según la reforma serán los que instruyan las causas penales, es un aspecto reclamado desde la propias carreras judicial y fiscal y también desde la oposición. Se busca superar la idea de un Ministerio Público demasiado jerarquizado y con una dirección vinculada al Gobierno, que es el que nombra al fiscal general.
Según ha manifestado Campo al ser preguntado por este asunto, la Ley "va a cambiar el paradigma del fiscal", y por ello es necesario dotar a esta institución para que actúe "con absoluto apego a las legalidad en sus actuaciones".
Por esta razón ha anunciado que la reforma que se lleve a cabo del Estatuto Fiscal requerirá "muchos retoques" para actuar en "muchos mecanismos" que afectan a esta institución.
En el Consejo de Ministros de este martes se ha dado luz verde dos anteproyectos de ley, el de la nueva LECrim y el de la Fiscalía Europea (EPPO) para adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea, aunque también por "coherencia constitucional", justificando así el cambio de modelo por el cual la instrucción pasa del juez al fiscal.
La reforma, en palabras del ministro, cambia "el rol constitucional del juez y del fiscal adquiere un grado superlativo". Lo ha ilustrado con un símil en el que la investigación penal se hace con un escudo y una espada: "el fiscal es la espada y el juez, el escudo", porque el primero dirige las pesquisas y el segundo garantiza que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales.
Asimismo, el titular de Justicia ha incidido en que era necesario reformar una "ley magnífica" pero que tiene 138 años y ha sufrido hasta 77 reformas, 54 de ellas solo en democracia.
En este sentido, ha anticipado que se abrirá al "debate público", se solicitarán los informes preceptivos y se someterá a la discusión parlamentaria.
El principal cambio que plantea la nueva LECrim es el destacado papel que otorga al fiscal, no solo como instructor sino porque también controlará la información sobre los procesos penales en fase de instrucción para para limitarla a "lo esencial desde el punto de vista del interés informativo" y evitar así un "grave atentado" a la presunción de inocencia.
