El Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que marca la obligación de que los Juzgados trabajen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 enero de 2016, ha recibido este miércoles el aval del Senado.
La reforma pretende la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales. Tras su aprobación en la cámara alta, el texto pasará de nuevo al Congreso para su aval definitivo.
El Pleno ha rechazado los cinco vetos planteados a la norma y sólo han incluido una de las 260 enmiendas presentadas por los grupos. Se permitirá a los herederos de los abogados reclamar honorarios no satisfechos después de su fallecimiento. También se han aprobado cuatro enmiendas transaccionales sobre aspectos técnicos y las 24 planteadas por el grupo 'popular'.
Los grupos de la oposición han criticado de forma unánime la reforma. Han denunciado que la obligación de eliminar el papel dentro de sólo cuatro meses supone una "nueva imposición" a los profesionales de la Justicia.
El objetivo, según ha defendido el partido del Gobierno, es luchar por la modernización de la Justicia, acelerar la Justicia en entornos digitales, avanzar hacia el papel cero y la Justicia en red.
Comunicaciones entre profesionales
La nueva norma obliga a que las comunicaciones entre profesionales de los órganos judiciales se realicen de forma exclusiva a través de medios informáticos a partir del próximo año y en todos los órdenes jurisdiccionales.
Así, los jueces podrán emplear datos de correo electrónico y de número de teléfono para localizar a los demandados. De esta forma, el Ministerio de Justicia defiende que se hará habitual en la Administración de Justicia la recepción electrónica de las notificaciones que hasta ahora se recibían en papel. Además, se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.
En relación a los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia, la reforma confiere nuevas funciones a los procuradores, que se encargarán, por ejemplo, de habilitar los medios necesarios de forma que pueda garantizarse el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.
En cuanto a la presentación de escritos y documentos, a partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán también obligados a emplear los medios electrónicos existentes para realizar esta actividad. Para hacerlo efectivo, la administración competente deberá de habilitar los medios técnicos necesarios antes de dicha fecha.
Modificación de la Justicia Gratuita
El Gobierno ha optado además por incluir en esta norma la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que impulsó el exministro Alberto Ruiz-Gallardón para 'compensar' la creación de nuevas tasas judiciales y que ampliaba los beneficiarios que pueden acogerse a este servicio.
Se definen dos tipos de destinatarios de esta cobertura: quienes no tienen recursos suficientes para litigar y quienes tienen este derecho con independencia de su nivel de renta.
El Ejecutivo ya aprobó en febrero de 2013 un decreto ley por el que modificaba la polémica ley de tasas judiciales y anticipaba la aplicación de puntos esenciales de la Justicia Gratuita para que los nuevos beneficiarios pudieran acogerse desde ese mismo momento. Entre ellos, se encontraban todas las víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos, de terrorismo, de accidentes graves, así como menores o discapacitados que hayan sufrido abusos o maltrato.
Asociaciones de víctimas
La Ley de Enjuiciamiento Civil incluye, también, una disposición que permitirá a las asociaciones de víctimas del terrorismo disfrutar de justicia gratuita con independencia de sus recursos económicos. El partido del Gobierno plantea modificar la norma de 1996 que regula la asistencia gratuita para ampliar este derecho a los colectivos que tengan como fin "la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo".
Asociaciones como la AVT o Dignidad y Justicia quedarán exentas del pago de las costas y resto de los costes, como los servicios de abogado y procurador. Tendrán derecho al asesoramiento previo y a atención jurídica especializada cuando interponen una denuncia, mientras que los menores y las personas con discapacidad contarán con asistencia pericial especializada.
