El TC, en una providencia fechada el 7 de octubre, acuerda asimismo dar traslado de la demanda del Gobierno y de los documentos presentados tanto a la Generalitat como al Congreso, al Senado y al Parlament catalán para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
Según el Gobierno, esa norma podría vulnerar las competencias del Estado en materia de legislación procesal. Por eso impugnó los apartados 1, 2 y 3 del artículo único del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 37/2020.
Esos apartados recogían que la persona arrendataria podía instarun incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.
Asimismo, indicaba que si no estuviese señalada fecha para el lanzamiento, por no haber transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 440.3 o por no haberse celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista.
Y apuntaba el Decreto-Ley que estas medidas de suspensión que se establecen "con carácter extraordinario y temporal", en todo caso, dejarían de surtir efecto en cuanto finalizara el estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre de 2020.
Limite a los alquileres
En paralelo, el Tribunal Constitucional también admitió a trámite el otro recurso presentado por el Gobierno contra el decreto-ley catalán que habilita a poner límites a los precios del alquiler.
El Gobierno, si bien no pidió cautelares, considera inconstitucional el artículo 4 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler.
Esa norma, que fue aprobada por el pleno del Parlament el 9 de septiembre de 2020 limita el precio de los alquileres en 60 municipios catalanes.
