Iniciamos una ronda de entrevistas semanal con los candidatos y candidatas a las elecciones del próximo 20 de diciembre para conocer las principales claves del Colegio de la Abogacía del futuro
(Ver especial completo Elecciones 2022 Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid)
Con motivo de las elecciones del próximo 20 de diciembre, entrevistamos a Begoña Trigo, candidata a Decana del ICAM.
La abogada Begoña Trigo, candidata a decana del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), se presenta a las elecciones del próximo 20 de diciembre. La plataforma «Somos Abogados» respalda la candidatura de Trigo a la Junta de Gobierno. Su candidatura está formada por 14 abogados, de los cuales 13 abogados están adscritos en el turno de oficio, algunos llevan más de 35 años ejerciendo, entre todos más de 200 años y suman más de 10.000 expedientes.
¿Cuáles son las claves del Colegio de la Abogacía del futuro?
Necesitamos un futuro en la abogacía, una transformación, un cambio de ciclo en la abogacía, terminar con el continuismo y que el ICAM, una institución con un potencial maravilloso, comience a funcionar y a activarse, porque la sociedad y la abogacía lo necesitan. Para ello, necesitamos integrar a los colegiados en el ICAM y que el ICAM esté gestionado por abogados que conocen -como es el caso de nuestra candidatura- perfectamente los problemas que padecemos en el día a día de nuestro ejercicio, cuando estamos en el juzgado. Tenemos la experiencia suficiente para conocer al milímetro cuáles son los problemas de los juzgados y disponemos de el mejor programa para plantear las soluciones.
¿Quiénes integran su candidatura y cuáles son los motivos por los que son una pieza clave en su propuesta?
Todos tenemos como objetivo común el mejorar la situación de la abogacía en general y del turno de oficio, en particular. La configuración de la Junta que planteamos no va a tener impedimento para alcanzar los acuerdos necesarios y llevar adelante nuestras propuestas. El resto de candidaturas tienen 3 o 4 integrantes en el turno de oficio, pero los miembros tienen otros intereses y va a ser muy difícil que saquen adelante propuestas que afectan a la mayoría de los abogados. Nuestra candidatura garantiza que nuestros miembros sean los mismos que los de los profesionales de la abogacía
Somos una candidatura que no llevamos mochilas a las elecciones, no dependemos de empresas, no recibimos ayudas de ningún despacho grande y somos independientes. Esta independencia nos garantiza poder sacar adelante nuestras propuestas, y centrarnos en mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de la abogacía.
En el día a día de nuestra profesión nos encontramos con muchos problemas. Tenemos bastantes horas de espera, a veces existe un maltrato institucional generalizado; no facilitan nuestras actuaciones. Son conductas contrarias a las normas y que dificultan el derecho de defensa y la labor de todos los abogados. Los abogados que estamos ejerciendo en el turno de oficio con clientes particulares, no tenemos derecho a la conciliación. Tampoco, tenemos derecho a la salud. Hay que cambiar esta situación real que aparece reflejada y denunciada en las redes sociales. Nadie ha hecho nada en los últimos 20 años. Las mejoras han sido mínimas.
En las elecciones de 2017, del total de colegiados solo votaron un 10%, en el turno de oficio y 77.000 abogados en Madrid. ¿Cómo incentivar un incremento del porcentaje de la participación?
Efectivamente, las elecciones se ganan con una estimación total de 3.000 a 5.000 votos. En mi análisis personal entiendo que la baja participación de la abogacía se debe a la desafección de los colegiados en las Juntas configuradas hasta ahora. Esa desafección es por la dejadez del colegio por solucionar los problemas de los abogados del día a día. Si nadie en el ICAM les respalda, seguro se preguntan ¿para qué ir a votar? Todos los días tenemos espera, incluidos en los veranos. Nosotros no tenemos guarderías. Los abogados se han alejado y han decidido no participar. Entendemos que sí votarán cuando vean un programa cercano y que se refiere a ellos en exclusiva.
Entre las propuestas del programa de la candidatura que encabeza junto a Lourdes Pulido, que se postula como vicedecana, destaca la creación de “el cobrador del abogado”. ¿Puede explicar esta propuesta?
En las gestiones del cobro de los abogados - tanto del turno de oficio como del particular- el juzgado no le da prioridad y tardamos años en cobrar la minuta. Además, hay que hacer una solicitud de averiguación patrimonial cada cierto tiempo. Hemos pensado en descargar a los abogados de estos trámites mediante un departamento de cobros para todos los abogados. El Colegio tienen esa capacidad de negociar con las Administraciones para acceder a los datos económicos. La abogacía tiene una responsabilidad social y hace una labor imprescindible en el desarrollo de los derechos fundamentales en un Estado de Derecho. Esta labor esencial que a los profesionales de la educación y de la medicina sí se les reconoce, a los abogados no.
Como ejemplo, en su programa solicitan un cambio normativo para adaptarse a la directiva europea y que quede fijado un tiempo máximo de media hora de espera. ¿Puede analizar la situación de la abogacía con respecto a las directrices europeas?
El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), es un órgano del Consejo de Europea que emite un informe anual con el que nos tira de las orejas cada año con respecto a la situación de la justicia española y el Colegio de Madrid no está exento de esa situación. Los baremos son los más bajos, cientos de horas de espera, retrasos diarios en los juzgados, etcétera. da Da igual el asunto, los tiempos de espera sin justificación son una falta de respeto. Es una situación que hay que resolver. Se exige que se justifiquen los motivos de los retrasos. Entendemos que tenemos derecho a una previsión y a controlar nuestro horario laboral. Si el juzgado tiene retraso, deberá llamar al abogado y cambiar la cita. Debemos poder disponer de nuestro tiempo y de nuestro trabajo. En el programa, proponemos una espera máxima de media hora y a partir de ahí el abogado pueda marcharse y el ICAM deberá respaldarlo ante posibles quejas de los juzgados.
¿Qué herramientas digitales considera indispensables para el ejercicio y deberían facilitarse desde el ICAM para ejercer la abogacía en las mismas condiciones?
Ahora mismo, tiene una obligación de tener un registro electrónico común para que todas las gestiones se realicen telemáticamente pero no está instaurado. Una de las medidas es el voto electrónico no solo en el momento de las elecciones. El voto electrónico democratiza al ICAM. Debe instaurarse para favorecer que todos los colegiados y colegiadas se integren en el colegio, para que formen parte de nuestras decisiones. Lo demás llevaría a la desafección. Es muy importante fomentar la democratización. Tenemos el problema de que los abogados no podemos acudir porque tenemos muchos asuntos pendientes, y así se podía favorecer la intervención de todos los abogados. Las grandes corporaciones llevan votos delegados y esto permite que una medida pueda ser adoptada por estos votos. Por eso, queremos limitar los votos delegados para favorecer la democratización. Esta falta de integración se solucionaría con el voto electrónico. El voto electrónico es una medida muy importante.
¿Cómo debe mejorar la comunicación del ICAM para garantizar una mayor presencia en la sociedad?
El colegio tiene que ser abierto, la abogacía tiene responsabilidad social. Los casos que llevamos trascienden en el beneficio de la sociedad. Como ejemplo, gracias a la abogacía se han realizado cambios en las cláusulas suelo. La abogacía nos beneficia a todos, repercute en la sociedad. Por eso, proponemos un turno de oficio para las reclamaciones de Hacienda. Entendemos que nuestra labor tiene que ir más allá, para mejorar la sociedad. Y proponemos ampliar la justicia a la fase administrativa. Actualmente, no existe posibilidad de defensa jurídica en esa fase. Cuando el ciudadano recoge una notificación de la Seguridad Social, tiene que hacer los recursos y alegaciones hasta llegar a la fase jurisdiccional. Pero la fase administrativa lleva también alegaciones que son vinculantes, con lo cual el abogado de oficio tiene que centrarse en esas alegaciones y por tanto, llega condicionado por lo que ha hecho el ciudadano previamente. Se vulnera el derecho de igualdad de partes.
¿Qué tipo de formación considera indispensable para ofrecer desde el ICAM?
La formación es esencial. El derecho es dinámico, variable, y tenemos que estar al día. El Colegio tiene un potencial enorme y hemos planteado un departamento científico de expertos para sacar informes fuera del colegio. En este deberán estar incluidos abogados, jueces y otros profesionales de la abogacía que deberán ser tenidos en cuenta en la elaboración de las leyes. Necesitamos formación telemática y crear este departamento. El colegio tiene mucho que decir.
¿Qué le parecen las otras candidaturas?
Venimos de más de 20 años con un ICAM inoperante, necesitamos un cambio de ciclo, que se está gestando. La situación nos hace sufrir mucho y el ICAM está ausente y lejano a la abogacía. Del total de las candidaturas a la Junta de Gobierno presentadas, tres son de las que están en la Junta anterior y apuntan a un continuismo. Queremos crecer, empezar un nuevo ciclo y que el ICAM sea exclusivamente de los abogados y para los abogados, para solucionar los problemas de los abogados. Las candidaturas se han impugnado y se ha vulnerado el artículo.79.3 del Estatuto General de la Abogacía. El proceso electoral tiene muchos fallos. El ICAM es una corporación de derecho público es imprescindible evitar que aquellos candidatos que están en las Juntas en funciones se presenten. Tenemos que garantizar este proceso para guardar el principio de imparcialidad.