Rocío Sampere: En los procedimientos por violencia de género "el procurador debería estar desde el principio, representando a la presunta víctima y al presunto agresor"
Entrevista a Rocío Sampere, vicedecana y presidenta de la Comisión de Igualdad del Colegio de Procuradores de Madrid.
- Rocío Sampere ha sido la primera mujer procuradora que comparece ante una subcomisión del Congreso de los Diputados. El Colegio de Procuradores de Madrid ha puesto en marcha el Servicio de Representación Procesal (SRP), ¿podrías explicarnos en qué consiste?
El objetivo principal del Servicio de Representación Procesal (SRP) es dar cumplimiento al deber que la Ley de Colegios Profesionales impone a los Colegios Profesionales, siempre dentro de nuestras propias competencias. Informa a profesionales y ciudadanos y les dota de instrumentos para su acceso a abogados, asistencia social o policial. Este servicio está situado en 26 sedes judiciales y está atendido por procuradores formados en materias propias de nuestra actividad.
En la actualidad, los procuradores notificamos, citamos, emplazamos y también encontramos muchas situaciones de exclusión social, en las que podemos ayudar a la víctima y enseñarle a dónde puede acudir, y ese es uno de los objetivos del Servicio de Representación Procesal, prestar un servicio de información y no de asesoramiento, dentro de nuestras competencias legales, a las víctimas de violencia de género o de la exclusión social.
Además, por ley el Colegio de Procuradores es entidad especializada para depósitos y subastas, así que podemos ofrecer al ciudadano información sobre cómo ejecutar su sentencia. Tenemos conocimiento de que hay aproximadamente un 30% de sentencias que no se ejecutan, y debemos subrayar que, en materia de violencia de género, no ejecutar una resolución puede tener como resultado que los hijos de la víctima no tengan ni siquiera recursos para comer. Por eso el procurador puede y debe explicar que el Colegio (como entidad especializada) puede intentar que se ejecute la sentencia más rápidamente o con mayor publicidad. En un futuro es nuestra intención que a través de la venta directa, que es un procedimiento más ligero, menos costoso, por supuesto en un procedimiento contradictorio, escuchando a todos los interesados, el Juez o Tribunal autorice la venta con el objetivo de que las resoluciones se ejecuten y que de nuevo en procedimientos donde hay menores, también víctimas, tengan lo que les pertenece y que les permita vivir con dignidad.
Los procuradores hemos intervenido en la subcomisión del Pacto de Estado por violencia de género, un pacto necesario y donde sí hay consenso inicial, porque no hay ningún partido político que no esté a favor de proteger a la mujer y a los hijos víctimas de violencia, teniendo en cuenta las cifras que, por desgracia, tenemos en la actualidad.
Nuestra comparecencia en el Congreso fue para reclamar algo que, por otra parte, demandan los operadores jurídicos, abogados, policías, letrados de la administración de Justicia y Jueces, y es que el procurador esté presente en el proceso desde el primer momento.
El procurador ahora solo es preceptivo como marca el art. 768 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (“El abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido, no siendo necesaria la intervención de procurador hasta el trámite de apertura del juicio oral. Hasta entonces cumplirá el abogado el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos”) a partir de la apertura del juicio oral, pero teniendo en cuenta que hay un tiempo antes del proceso en el que la víctima es más vulnerable, consideramos que el procurador debería estar desde el principio, representando a la presunta víctima y al presunto agresor, dinamizando el proceso en un tiempo que es esencial y que en este momento la Ley lo deja al arbitrio del Juez o Tribunal (artículos 6 y 21 de la LAJG).
- Uno de los temas de actualidad en las últimas semanas ha sido la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Finalmente, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 18 de mayo la modificación de la ley, por la que se garantiza la exención del IVA a los abogados y procuradores del turno de oficio. ¿Consideras que se ha llegado a la solución definitiva?
Es un asunto ya resuelto, el IVA no podía ser un tributo cargado por la propia naturaleza de la prestación.
Hay procuradores que cobran por sus servicios unas cantidades tan mínimas que si tenemos que repercutirles el IVA, ingresarlo por adelantado y después deducirlo, no existirían procuradores que quisieran dedicarse a la justicia gratuita, siendo un servicio necesario para todos.
Los procuradores cobramos por procedimiento entero, en territorio Ministerio, aproximadamente 20€, si a eso le cargamos IVA y hacemos la declaración previa, no tendríamos procuradores.
- En la actualidad se está fomentando la mediación, pero la realidad nos dice que es un medio aún desconocido para los ciudadanos. El Colegio de Procuradores de Madrid cuenta con un Servicio de Mediación, ¿podrías comentarnos sus funciones?
En la actualidad considero que falta información, falta cultura de negociación por parte del español de a pie, y falta todavía que más profesionales se formen en esta materia.
Nosotros contamos con el Instituto de Mediación desde el año 2010 cuando empezó el anteproyecto de la Ley 5/2012. Se decía que se derivaran a mediación los asuntos de pequeña cuantía, aquellos de menos de 6.000 euros, de forma obligatoria. Por ello, los procuradores nos pusimos en marcha, ya que muchos pleitos que llevamos son de pequeña cuantía y comenzamos a formarnos en mediación.
La mediación es un sistema muy positivo para el ciudadano, resuelve los conflictos, los resuelve de verdad, y soluciona todos los conflictos que se generan alrededor de un pleito.
Consideramos que es un buen medio y que los mediadores estamos bien formados, pero que falta mucha difusión, y si la ley no da el empuje necesario nos costará aún más que los ciudadanos sepan que pueden contar con este medio como resolución de conflictos.
Nosotros llevamos en el Instituto de Mediación desde hace más de 6 años y podemos confirmar que sí está dando sus frutos: está recibiendo mediación intrajudicial, hay jueces que están confiando en nosotros y se está llegando a acuerdos; el mediado reconoce luego que el sistema le gusta porque se le escucha en primera persona, porque es rápido y menos costoso.
Cada vez que un ciudadano ve que la mediación resuelve cuestiones en plazos más cortos que los que se esperan de los procedimientos habituales que pueden durar uno o dos años, queda satisfecho. La difusión de este medio es un trabajo de todos, y la prensa debería insistir porque tiene el poder de llegar a todos con más fuerza.
Con la ley 5/2012 a los procuradores nos modificaron la ley de colegios profesionales según la cual los Colegios teníamos que difundir los métodos alternativos, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos desarrollando nuestro trabajo de difusión, pero aún nos cuesta que los ciudadanos, procuradores, abogados y profesionales jurídicos confíen en ello.
Desde la ley estatal de mediación (Ley 5/2012) hasta el real decreto de desarrollo (RD 980/2013) pasaron 6 meses en los que no conocíamos temas tan importantes como la formación, la publicidad, el seguro de responsabilidad civil, cuando estos deberes estuvieron hechos había que convencer a todos los operadores jurídicos que este era un sistema adecuado y también el coste que iba a tener.
Está yendo despacio, pero de manera positiva, aunque necesitaremos que llegue el momento de darle un empuje legislativo ahora que ya tenemos mediadores formados inscritos en el Ministerio de Justicia con una formación, una publicidad y un seguro de responsabilidad civil ya definido, y es el momento de que esto se empuje.
- Tras el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, hemos sufrido un aumento de reclamaciones por parte de los consumidores por recuperar el dinero de las cláusulas suelo. La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un juzgado especializado para atender las demandas de consumidores afectados por las llamadas cláusulas suelo. ¿Tendrían que hacerlo todas las Comunidades Autónomas? ¿Aún faltan medios como indicaba el CGPJ que pedía la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia?
Es una solución que hay que ver cómo funciona, que en principio parece controvertida.
Los datos que tenemos es que va a haber dos jueces por cada 1.800 demandas y un letrado de la administración de justicia, lo que en proporción nos parece mucho. Es, sobre todo, mucho para un letrado de la administración de justicia que luego tendrá que llevar todas las sentencias, los emplazamientos e incluso parece que la ejecución.
Es un tema que tenemos que ver cómo evoluciona, aunque es cierto que siempre la mejor solución es contar con juzgados especializados, porque al tratar cuestiones más concretas se hacen las cosas automáticamente y pueden tener mejor salida.
Tendremos que esperar a ver cómo funciona en Madrid con la avalancha de demandas que se esperan recibir.
- Explícanos por favor en qué consiste el Servicio de Corte de Arbitraje del Colegio de Procuradores de Madrid.
El Servicio se crea de forma independiente del Instituto de Mediación. Tiene que estar debidamente reglamentado, los árbitros debidamente formados. El Colegio de Procuradores de Madrid tiene a todos sus árbitros formados a través del convenio que mantenemos con la Universidad Rey Juan Carlos; además, el sistema de turno de reparto es objetivo y transparente, y realiza los arbitrajes en los plazos que marca la ley.
El Colegio de Procuradores de Madrid está reconocido con contar con grandes árbitros por la Corte Arbitral de la Comunidad de Madrid. Somos procesalistas, estamos muy acostumbrados al proceso en temas de arrendamientos y está resultando positivo para todos.
Hasta ahora el arbitraje es muy penalizado por el ciudadano porque se entendía muy costoso, pero poco a poco los precios están evolucionando a mejor. Por ejemplo, el precio de arbitraje se cobra como el precio de una renta, por ello los ciudadanos que lo utilizan están satisfechos.
En cuanto a plazos, los cumplimos escrupulosamente porque somos procesalistas por naturaleza. Y contamos con sistemas de notificación telemática a los que estamos muy acostumbrados. En notificaciones recibidas tenemos un índice de incidencia menor al 1%.
- En la actualidad las Nuevas Tecnologías son las protagonistas y son las que mandan sobre los cambios que vivimos. El papel de los procuradores ha sido un papel activo por adaptarse a estos cambios. ¿Qué es lo que ha resultado más difícil para la profesión?
En LexNet llevamos ya 10 años, antes de que empezaran el resto de operadores jurídicos. LexNet no nos ha sorprendido en absoluto, sabemos manejarlo, conocemos su funcionalidad y su normativa. El procurador era ya veterano en el uso de las nuevas tecnologías.
Lo que nos ha pasado es que han comenzado a utilizarlo el resto de los operadores jurídicos y, con la introducción del papel cero, los juzgados han tenido también que adaptarse a este sistema y han necesitado más auxilio. Por tanto, los procuradores hemos redoblado nuestros esfuerzos para apoyar a los operadores jurídicos en su inmersión en el uso de las nuevas tecnologías.
Donde antes solo presentábamos papel ahora presentamos papel, presentación telemática, e incluso DVD u otro medio de reproducción digital. Además, tenemos que auxiliar a los abogados, pues han tenido que hacer su firma digital, aprender a utilizar el sistema, y con las paradas y nuevas funcionalidades que ha tenido LexNet, advertidas en el Real Decreto, cada uno de los procuradores ha hecho un gran esfuerzo y seguimos haciéndolo. Pero LexNet se está implantando, es un sistema del siglo XXI y es necesario para todos.
En la actualidad aún falta que tenga más velocidad y que los jueces y agentes judiciales tengan más medios, pantallas, velocidad, sincronización con los sistemas de gestión procesal. En ello se trabaja cooperando en las Comisiones creadas al efecto por el Ministerio de Justicia.
Por parte de la procura hemos ido avanzando a la par que estos cambios con mucho esfuerzo y reconocimiento.