Así consta en el apartado de propuestas de reformas legislativas del texto que ha sido presentado este miércoles en el Tribunal Supremo durante la apertura del año judicial y que ya fue entregado al Rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El jefe de la Fiscalía ha asegurado en el documento de 1.574 folios, recogido por Europa Press, que "sería deseable" una "próxima y urgente reforma legislativa" de la ley de protección de datos personales para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
En concreto, ha hecho referencia a la disposición final segunda que modifica los artículos 12 y 20 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para crear la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos, que "ejercerá las competencias que corresponden a la autoridad de protección de datos con fines jurisdiccionales sobre el tratamiento de los mismos realizados por el Ministerio Fiscal".
García Ortiz ha asegurado que dicha modificación "altera injustificadamente las atribuciones y funciones de distintos órganos" de la Fiscalía e "impone unas exigencias ajenas al modelo vigente".
Unidad de Control a cargo de los fiscales
El fiscal general ha defendido que "ha de ser un fiscal quien asuma con plena independencia la condición de responsable de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos" que, además, pide que pase a llamarse Unidad de Protección de Datos del Ministerio Fiscal.
"Una alternativa distinta, esto es, la designación de alguien extraño a la institución y presumiblemente ajeno a su organización, funcionamiento y singularidades, constituye una innecesaria e insólita excepción respecto de la elección de las personas responsables de cualesquiera órganos o unidades del Ministerio Fiscal, siendo el único supuesto de 'externalización' de un cargo para el ejercicio de funciones en el seno del Ministerio Fiscal", ha señalado García Ortiz.
Además, el jefe del Ministerio Público ha sostenido que "con el fin de dotar de mayor autoridad e independencia al cargo", el responsable debería pertenecer a la categoría primera y, en caso de no ser así, gozar a todos los efectos y durante el tiempo de su mandato de la consideración de Fiscal de Sala. Además, ha asegurado que no debería ser nombrado por el Consejo Fiscal, sino por el Gobierno, como recoge el Estatuto.
Al hilo, ha insistido también en que "resulta injustificada la limitación temporal de cinco años no renovables impuesta por la reforma", porque, a su juicio, la renovación del mandato --al menos por un nuevo periodo-- es un "factor fundamental de estabilidad que dato al cargo de mayores garantías de independencia".
