Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, 12 de mayo. Los criterios de reparto se acordaron hace unas semanas en la Conferencia Sectorial de Igualdad y hoy se han elevado a Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
Por un lado, Montero ha explicado que el Ejecutivo ha dado luz verde a la distribución de 100 millones de euros anuales previstos en el Pacto de Estado. Al igual que en el ejercicio de 2019, los criterios de reparto atiende a la población, extensión geográfica, a necesidades específicas, entre otras variables.
Así, Andalucía recibirá aproximadamente 15,3 millones; Cataluña, 12,8; Madrid, 10,5; Comunidad Valenciana, 8,7; Galicia, 7,9 millones; Castilla y León 7,4 millones; Castilla-La Mancha, 6,2; Canarias, 5,9; Aragón, 4,7; Extremadura, 4,6; Baleares, 4,1 millones; Murcia, 3,4; Asturias, 2,9; Cantabria, 1,6 millones; Melilla, 1,6 millones; La Rioja, 1,5 y Ceuta, 1,5.
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Los fondos serán destinados al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, con especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes.
También al establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y en el caso de las CCAA con competencia en materia de justicia, al refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral y de las oficinas de asistencia a las víctimas.
Además del fondo, se han acordado los criterios de reparto de tres créditos correspondientes a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En total, 6,5 millones de euros son para programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género, incluidos sus hijos e hijas; un millón para programas para la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas de violencia contra las mujeres; y dos millones se destinan al programa para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales.
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