Según consta en la referencia del Consejo de Ministros de este martes, el Ejecutivo ha aprobado el acuerdo por el que solicita el informe al Consejo de Estado sobre el anteproyecto de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como 'whistleblower'.
El texto fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros del pasado 4 de marzo. En aquella ocasión, la ministra de Justicia, Pilar Llop, explicó que el objeto de la Directiva era proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.
Según la ministra, con este anteproyecto se creará un clima de confianza en el seno de las organizaciones porque el informante estará más protegido. Y ha matizado que Justicia creará dos herramientas para esta norma: los canales internos y externos, y la prohibición mediante sanciones de hasta un millón de euros de cualquier represalia contra el informante.
Informe favorable del CGPJ sobre el anteproyecto
El anteproyecto establece, entre otras cuestiones, la obligación de disponer de canales internos de información tanto para empresa, con más de 50 trabajadores, como para las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan, las cuales podrán compartir entre sí el sistema interno de información y los recursos destinados a la gestión y tramitación de las comunicaciones, tanto si la gestión del sistema se lleva a cabo por la propia entidad como si se ha externalizado, respetándose en todo caso las garantías previstas en esta ley.
Igualmente, estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que gestionen fondos públicos.
El pasado junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió su informe, en el que valoró positivamente la decisión del Gobierno de extender a los partidos políticos la obligación de tener un canal de denuncia que permita alertar de casos de corrupción. También avaló que la medida se aplique a los sindicatos, las patronales y las fundaciones "siempre que reciban o gestionen fondos públicos".
La norma debía haberse puesto en marcha el 17 de diciembre de 2021, pero el Ejecutivo aplazó su aprobación hasta el 4 de marzo de 2022. En febrero, la Comisión Europea abrió procedimiento sancionador a España y otra veintena de países por no transponer la directiva a tiempo.
