José Marqueño de Llano fue presidente del Consejo General del Notariado (CGN) de 2005 a 2008. Durante su mandato en el CGN participó activamente en decisiones transcendentes, como fueron la creación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) y el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT) de los notarios españoles y de una red informática que conecta a todas las notarías españolas entre ellas y con las Administraciones públicas. Marqueño de Llano ha sido, además, presidente de la Fundación Aequitas (que defiende los derechos de las personas más vulnerables), presidente de Ancert (Agencia Notarial de Certificación) y presidente de la Fundación Cultural del Notariado. En el ámbito académico fue profesor en las universidades Autónoma de Cataluña y Pompeu y Fabra.
La Unión Internacional del Notariado (UINL) es una organización no gubernamental constituida para promover, coordinar y desarrollar la actividad notarial en todo el mundo y para proteger la dignidad e independencia de los distintos Notariados. Está formada por 89 países representando 2/3 de la población mundial. En su informe de actividad de la legislatura de la UINL aparecen recogidos los principales proyectos de 2017-2019, en la que han sido objetivos prioritarios la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos económicos, la defensa de los derechos de los colectivos vulnerables, y el estudio de la razón de ser y el valor económico de los documentos notariales.
Según el citado informe, en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, se ha fortalecido y sistematizado la cooperación notarial con las autoridades que luchan contra estos delitos, y con organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), GAFILAT, OEA, ONU, Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Se destacan la estrecha colaboración con el Fondo Monetario Internacional para la identificación del “beneficiario real”, en la que se ha contado con la aportación del Consejo General del Notariado español y su experiencia en la creación de la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR). Asimismo, reseñan la colaboración con el Grupo de Desarrollo de Políticas del GAFI para la elaboración de unas Directrices para un abordaje basado en los riesgos para los profesionales e intermediarios autónomos.
Por otro lado, los expertos de la UINL, junto con el grupo de trabajo sobre análisis de riesgos e inclusión financiera del GAFILAT, elaboraron un Documento de Indicadores de Riesgo, que proporciona directivas claras y precisas para ayudar a los notarios a mejorar sus procesos de identificación, control y análisis de las operaciones, de forma que les permita detectar a las personas susceptibles de blanquear capitales o financiar el terrorismo.
En octubre de 2018, la Asamblea General de la Unión adoptó las Buenas prácticas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector notarial, una guía de metodologías, sistemas, herramientas y técnicas para facilitar medidas preventivas y la armonización de los procedimientos entre los notariados miembros de la UINL.
Personas en situación de vulnerabilidad
En la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad, se consolidó el papel del notario como autoridad pública y apoyo institucional. Fruto de la cooperación entre la Comisión de Derechos Humanos de la UINL y la relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas, se reconoció explícitamente (informe especial de la ONU, diciembre de 2017) al notario como autoridad competente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, para el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad.
Cabe destacar el papel desempeñado por los notarios -en colaboración con organizaciones como UNICEF-, en la protección de los niños sin identidad. Estos menores, conocidos como “niños fantasma” de África, son privados de su derecho fundamental: que se reconozca y registre su identidad. A causa de ello no pueden acceder a los servicios públicos básicos, como la sanidad o la educación, y se convierten en víctimas del tráfico de personas y de los abusos más sórdidos. Otros aspectos en los que se ha trabajado han sido garantizar los derechos de la propiedad de la tierra y el acceso universal a la vivienda y contribuir a la defensa de los derechos de la tenencia de la tierra de las mujeres.
Por último, el estudio sobre la razón de ser y el valor económico de los documentos notariales explica las garantías que incorporan los notarios, por las que gozan de una eficacia superior a otros documentos. Por la intervención de los notarios, como autoridad pública, estos documentos adquieren especiales efectos sustantivos, probatorios y ejecutivos que son reconocidos por los tribunales.
