Campo ha recordado que tanto las personas físicas como las jurídicas están obligadas a cumplir con el mandato de convivencia que nos hemos dado en el ámbito constitucional y se establecen sanciones para quien incumple la ley y olvida lo que ha denominado esa “ética rentable”.
El ministro de Justicia se ha referido al esfuerzo que está haciendo el Tribunal Supremo para consolidar un cuerpo normativo que permita eliminar las dudas que se generan en torno a esta nueva figura penal, y el que también se está realizando en el marco de la Unión Europea para fijar unas reglas generales comunes que den fiabilidad al mercado y confianza a la ciudadanía.
Unos parámetros internacionales que nos advierten, ha señalado el ministro, de que es necesario seguir combatiendo “la falta de ética y la corrupción” desde el establecimiento de nuevos mecanismos que eviten las malas prácticas por parte de las personas jurídicas.
En este sentido, Juan Carlos Campo ha informado de que el Ministerio de Justicia estudia ya la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión para una mayor protección de “alertador”. El ministro ha señalado que se trata de un debate jurídico y también lingüístico y ha abogado por acercar las normas y el lenguaje de la Justicia al ciudadano.
Durante su intervención, el ministro se ha referido a la reforma del Código Penal en la que quiere trabajar el Gobierno para acompasar los diferentes tipos delictivos a las nuevas realidades. Juan Carlos Campo ha señalado que se trata de una “obligación del gobernante” y, prueba de ello, son las sucesivas modificaciones que ha sufrido la norma vigente desde su promulgación en 1995.
La voluntad del Gobierno es acometer una reforma que, entre otros delitos, abarque los que atentan contra la libertad sexual y el medioambiente, una materia, ha señalado el ministro, referente en el contexto de la responsabilidad de las empresas.
