El Ministerio de Justicia ha explicado durante el encuentro que la reciente convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes ha generado el decaimiento de todos los proyectos legislativos que se encontraban en tramitación parlamentaria. Uno de ellos es el Proyecto de Ley Orgánica (PLO) de Eficiencia Organizativa, al que se vinculaba la convocatoria de la actual huelga de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia.
Por esta causa, convocadas las elecciones generales que darán lugar a una nueva legislatura, el Ministerio se ha comprometido a negociar el nuevo Anteproyecto de Ley, con anterioridad al inicio de su tramitación parlamentaria, tan pronto se constituyan las nuevas Cortes Generales y se forme un nuevo Gobierno. Esta oferta ha sido rechazada por los representantes sindicales.
Según ha informado el Ministerio de Justicia, ya alcanzó con los sindicatos un acuerdo de equiparación salarial en diciembre de 2021, con un compromiso de inversión de casi 40 millones de euros.
Desde Justicia se ha lamentado el grave perjuicio que se está ocasionando a la ciudadanía y a otros profesionales del sector justicia, al mantener una huelga a 47 días de unas elecciones generales, en un contexto en el que se hace inviable alcanzar cualquier acuerdo que pudiera vincular a gobiernos autonómicos que se encuentran en funciones y sobre la base de un Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que ha decaído.
