La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la Carrera Judicial, se ha opuesto a que la Fiscalía pase a dirigir la investigación penal como contempla el borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) al entender que supone una "grave involución" en el sistema de control de los poderes públicos, lo cual es "absolutamente inadecuado para un Estado democrático".
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la APM, Pablo Llarena, ha apuntado que el Ministerio Público "depende del Ejecutivo" y que el borrador no habla de dotarle de mayor autonomía para el esclarecimiento de los delitos.
De todos modos, ha considerado que "no hace falta que la Ley invente nada" puesto que en estos momentos los jueces y magistrados investigan con plena autonomía y en ningún momento se ha dudado de su imparcialidad, como sí ha ocurrido, ha añadido, con el papel del Ministerio Público según los documentos filtrados por Wikileaks en los que "se denunciaba un intento de influir desde determinados sectores de poder sobre la Fiscalía".
En términos generales, la asociación reprueba que el borrador de la LeCrim se presenta "en un momento en el que el presidente del Ejecutivo se ha despedido de forma oficiosa de las Cortes" y tiene, fundamentalmente, una "finalidad cosmética". "Responde más a una intención de publicitar la gestión del Ministerio, que no ha alcanzado ninguna de las promesas para la modernización de la Justicia", ha añadido.
En este sentido, ha criticado que el Ministerio de Caamaño no se ha puesto en contacto con la asociación mayoritaria de la Carrera Judicial para pulsar su opinión sobres aspectos tan novedosos y ha defendido que "no existe actualmente un déficit importante en el ordenamiento sobre la defensa de los derechos de los españoles", aunque sí ha celebrado que se incremente el protagonismo de las víctimas.
Preguntado sobre la sustitución de la figura del imputado por la del investigado, Llarena ha destacado que "en el fondo" sólo es "un cambio de nombre". Por otra parte, también ha considerado innecesario que un médico del Mecanismo de Prevención de la Tortura reconozca al detenido cuando ya lo hacen médicos forenses totalmente imparciales.
