La nueva ayuda para parados de larga duración con cargas familiares aprobada el 19 de diciembre tendrá un coste de 850 millones de euros este año, llegando a unos 354.860 desempleados, si bien la cuantía total de la prestación hasta que concluya el 15 de abril de 2016 se elevará a 1.032 millones de euros y se espera beneficie a 403.795 ciudadanos.
Ésos son los cálculos que el Ejecutivo incluye en la memoria de impacto económico del decreto ley que regula esta prestación, que será convalidado previsiblemente en el pleno extraordinario que el Congreso celebrará en la semana del 19 de enero.
Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los beneficiarios al inicio del programa el próximo 15 de enero serán 270.349 personas que actualmente cumplen los requisitos exigidos, si bien posteriormente se irá incorporando un flujo total de 133.446 personas, hasta contabilizar 403.795 ciudadanos.
Teniendo en cuenta que la ayuda será de 426 euros mensuales durante seis meses, el Gobierno calcula que costará un total de 1.032 millones de euros, de los cuales el 82% (unos 850 millones) se abonarán en 2015 mientras que el 18% restante (182 millones) corresponderá ya al Presupuesto de 2016. En total, se realizarán pagos durante 21 meses.
Dos opciones de financiación
De momento, se contemplan dos opciones para financiar esta prestación. Por una parte, podría hacerse ya en este ejercicio con cargo a las partidas presupuestarias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sin necesidad de modificar el Presupuesto, una posibilidad que "no supone desde el inicio impacto sobre el déficit pero que implica modificar a principios de año un crédito ampliable que luego no se puede rectificar".
La otra fórmula pasaría por financiar la ayuda con cargo al remanente de Tesorería del año pasado, cuantificado en unos 3.000 millones de euros aunque la cifra está pendiente de confirmar. "Esta opción no supone modificar desde el inicio un crédito ampliable, pero implica de inicio aumentar el déficit, aunque al final éste dependerá de la ejecución real del gasto, que si es el que suponemos dejará el resultado neutro a efectos de déficit público", se explica en la memoria.
La cuantía correspondiente al año 2016 deberá incluirse directamente ya en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que deberían comenzar a tramitarse a finales de septiembre.
Junto con los 1.032 millones de euros que costará la nueva prestación, el Gobierno también estima un coste de 287 millones de euros para financiar parte de las acciones de activación que deberán realizar los parados beneficiarios, una cuantía a la que podrán sumarse aportaciones de las comunidades autónomas, que son las que gestionarán estas acciones.
El Ejecutivo considera que "se ha previsto una financiación adecuada y suficiente para atender el mayor gasto que este decreto ley implicará para las comunidades autónomas, cumpliendo así con el principio de lealtad institucional y evitando que esta medida incida en los objetivos de déficit público a cumplir por las mismas".
Coste administrativo
Por otra parte, la memoria de impacto incluye también una previsión de las cargas administrativas que conllevará para parados y empresas la puesta en marcha de la nueva prestación, que se elevará a casi 101 millones de euros por los costes de la solicitud de incorporación al programa (80 euros cada una), las comunicaciones de acreditación de búsqueda activa de empleo (30 euros), las visitas para acreditar esta búsqueda (80 euros), las comunicaciones de cualquier variación de información (30 euros) y las comunicaciones de contratación al tutor (30 euros).
No obstante, el Ejecutivo está convencido de que la puesta en marcha de esta medida tendrá efectos positivos sobre la eficiencia del mercado de trabajo, ya que habrá una "mayor probabilidad de emparejamiento" entre trabajadores y empresas, además de conllevar una "redistribución" de recursos hacia un colectivo con especiales necesidades.
Asimismo, el programa "podrá contribuir a la recuperación económica" tanto por el impulso que supondrá para la demanda agregada al aportar nuevos ingresos con los que consumir como por la posible colocación laboral de los beneficiarios. "El momento actual es especialmente oportuno para la aprobación del programa", cree el Gobierno, subrayando que "resulta crucial trasladar la incipiente recuperación económica al empleo con la mayor celeridad e intensidad posibles".
Condiciones de acceso
Podrán acceder a la nueva prestación los parados de larga duración que hayan agotado todas las prestaciones en los seis meses anteriores, que tengan cargas familiares, que busquen activamente un puesto de trabajo y que a 1 de diciembre de 2014 llevaran al menos doce de los últimos 18 meses inscritos en el paro.
Además, deberán haber perdido su empleo de forma involuntaria y tendrán que acreditar previamente que desde la solicitud han realizado al menos tres acciones de búsqueda activa de empleo.
Para acogerse al programa, deberán suscribir un compromiso de actividad en virtud del cual asumen la realización de las acciones que determinen los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación (trabajos o cursos de formación), so pena de expulsión en caso de incumplimiento.
El decreto prevé asimismo que los servicios de empleo realicen un itinerario individual y personalizado para cada beneficiario, y le asignen un tutor individual que le asesore. Las acciones de inserción en las que participen los parados podrán continuar realizándose tras la finalización de las ayudas.
Esta prestación será compatible con las ayudas por asistencia a acciones de formación profesional así como con el trabajo por cuenta ajena hasta un máximo de cinco meses en empresas privadas. En estos casos, los empresarios descontarán del salario que corresponda al trabajador la cuantía de la ayuda, aunque cotizará por todas las contingencias y conceptos, pudiéndose aplicar las bonificaciones o reducciones previstas por la Seguridad Social.
Asimismo, la prestación se mantendrá tras una baja temporal por encontrar un empleo, siempre que se solicite la reactivación dentro del plazo previsto. La baja no se computará en los seis meses de duración de la ayuda. Con estas previsiones el Gobierno confía en que se "minimiza el efecto desincentivo" y se "potencia el atractivo de los puestos de trabajo menos remunerados y de más difícil aceptación".
Por otra parte, se diseñará un contrato con agencias de colocación para la inserción de los beneficiarios, y se les dotará de prioridad en las acciones formativas financiadas a través de convocatorias estatales.
Exoneración de cuotas
En el mismo decreto ley, el Gobierno contempla el supuesto de exoneración hasta del 100% del pago de cuotas cuando se suspendan contratos o se reduzcan jornadas laborales por causas de fuerza mayor naturales, imprevisibles e inevitables, como ha sucedido por ejemplo a raíz del incendio de la fábrica de Campofrío en Burgos.
El fin de la medida es evitar la destrucción de empleo, por lo que la Tesorería General de la Seguridad Social sólo permitirá esta excepción a empresas al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de cotizaciones, cuando se destruya total o parcialmente el centro de trabajo imposibilitando la actividad, cuando los bienes estén asegurados y siempre y cuando la empresa asuma compromisos de reinversión para restablecer la actividad y mantener todos los puestos de trabajo.
Esta exoneración podrá aplicarse durante doce meses prorrogables por otros doce si se mantienen las condiciones, y si durante ese tiempo vence algún contrato temporal o por obra y servicio, se mantendrá la medida para el trabajador afectado si resulta contratado de forma indefinida.
