El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) aprobó en su reunión del pasado 29 de mayo un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el que hace una valoración "muy negativa" del texto legislativo y defiende que al no superar el criterio de necesidad, se puede concluir que la normativa "no está justificada".
En el anteproyecto se detalla que el ciudadano podrá decidir si son los procuradores o los funcionarios de la Administración de Justicia quienes se ocupen de practicar los actos de comunicación, los embargos y algunos actos de ejecución de la resolución que se dicte al final del proceso. El procurador actuará bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial.
Así, la CNC considera "gravemente perjudicial" para la competencia el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil informado, por generar un "inusual daño" a la concurrencia a través de la concesión de una reserva de actividad, "de forma innecesaria y desproporcionada", a un único colectivo profesional que, a su juicio, además se encuentra sometido a "importantes restricciones a su acceso y ejercicio".
"Su contenido robustece el marco innecesario y desproporcionadamente restrictivo de la competencia en la prestación de servicios de representación procesal, al otorgar determinadas funciones correspondientes a la esfera del secretario judicial en exclusiva a los procuradores", argumenta la CNC, al tiempo que indica que tampoco se "aprecia justificación en aras de razón de interés general alguna".
Para la CNC, el marco actual es "excepcional" en Europa, el cual insta a "modificar urgentemente, procediendo a la liberalización del servicio de procura", lo que implica eliminar la "obligatoriedad" de la representación procesal, analizar el sometimiento de dicha actividad a colegiación, facilitar el acceso académico-formativo a la profesión, asegurar la posibilidad del ejercicio simultáneo con la profesión de abogado y eliminar el arancel como mecanismo de retribución.
Contra la exclusividad
La CNC recomienda que se dé a conocer la "razón" por la cual tanto ciudadanos como empresas con capacidad jurídica "no pueden representarse así mismos ante la Administración de Justicia" y el por qué de que se limite la realización de dicha labor a los procuradores. "Cuando el ciudadano o empresa prefiera ser representado, debería poder elegir en España entre numerosos profesionales de diversos colectivos", sostiene.
En su opinión, la posibilidad de representarse sin intermediarios "permitiría reducir costes y favorecería la competencia", así como reducir cargas administrativas de particulares y empresas, fomentar la competencia y la creación de empleo y evitar fragmentaciones del mercado". "Se debería eliminar la representación procesal obligatoria", señala.
Por último, Competencia considera que "resulta obvio" que con la nueva normativa se genera un "mercado privado de servicios" que pasarán a poder prestar en "exclusiva" los procuradores, con "reducida competencia geográfica y en precios", estando además "vedados" al resto de profesionales "técnicamente capacitados" para realizar estas tareas.
