Tras los encuentros institucionales, Pasqual del Riquelme ha reconocido ante los medios de comunicación que el análisis de los datos de actividad de los juzgados y tribunales durante el año 2019 arroja como primera evidencia la constatación -un año más- de la “incapacidad del sistema judicial español para absorber el volumen anual de entrada de asuntos”. De los 6.279.302 litigios ingresados en todo el territorio nacional a lo largo de 2019, pudieron resolverse durante el año 6.079.137, lo que arroja un balance de 2.835.149 asuntos en trámite. “El mismo fenómeno, pero más agravado, se percibe al analizar los datos correspondientes a la Región de Murcia” ha señalado.
Los 201.942 asuntos ingresados en el año 2019 suponen un 5 % más de ingreso que en el año 2018. De ellos, pudieron resolverse 188.500 asuntos, lo cual, aunque supone un 1,4 % más que el año anterior, sitúa en 115.643 el número de procedimientos en trámite al finalizar 2019, lo que representa un incremento interanual del 13,9 %.
El presidente del TSJ ha resaltado que “no hay sorpresa en el hallazgo”. Así, como explica en la presentación del balance de actividad “año tras año, ya sea en etapas de contracción o de expansión económica, la demanda de respuesta judicial a los conflictos se comporta con una insaciable voracidad, aumentando el retardo en la respuesta judicial. Y ello a pesar del enorme esfuerzo desarrollado por unas plantillas de jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, forenses, funcionarios de Justicia y personal laboral a todas luces insuficientes”, a los que Pasqual del Riquelme ha querido hacer un reconocimiento muy especial en estos momentos.
Para evidenciar esta insuficiencia que el Tribunal Superior viene denunciando año tras año, y “que se manifiesta de modo especialmente grave en la Región de Murcia”, el presidente hacía referencia a tres indicadores básicos: el número de jueces por habitante, el tiempo de respuesta de los juzgados y tribunales y la tasa de litigiosidad.
• El número de jueces y magistrados en la Región de Murcia (10,7 por cada 100.000 habitantes) está por debajo de la media nacional (11,9) y ocupa el tercer peor puesto del resto de TSJ (solo por encima de Castilla-La Mancha y la Comunidad Foral Navarra).
• El tiempo de respuesta en los asuntos civiles en la Región de Murcia (10,1 meses) es el más alto de España, superando en mucho la media nacional (7,4 meses) y muy lejos de otros territorios como el Principado de Asturias (4,1), Navarra (4,5), La Rioja (5,2), País Vasco (5,8) o Madrid (6,5).
• La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado durante el ejercicio 2019 fue de 133,5 asuntos por cada 1.000 habitantes. La Región con una tasa de Murcia 135,2 se sitúa entre las comunidades con mayor tasa de litigios del país.
Pasqual del Riquelme ha señalado que “cualquier análisis que se haga a partir de los datos de 2019 estaría abocado al doble error de diagnóstico y pronóstico ante la inesperada contingencia que ha supuesto la crisis sanitaria del COVID-19”. Advierte el presidente que “el sistema de Justicia se va a enfrentar a un reto de proporciones extraordinarias como consecuencia del previsible masivo incremento de la litigiosidad que se derivará de una crisis económica de proporciones no menos imponentes (con previsiones que llegan al 12 % del PIB)”. Una crisis cuyos efectos, subraya, “no se van a espaciar en un más o menos largo período de tiempo, sino a manifestarse de forma explosiva y concentrada en los próximos meses”.
Tal situación supone un reto que amenaza con desbordar las capacidades de respuesta del servicio público de Justicia que es a la vez, no lo olvidemos, un Poder del Estado. Con o sin desbordamiento, la ausencia de una respuesta judicial en tiempos económica y socialmente útiles a la multitud de conflictos que van a generarse lastraría decisivamente la recuperación económica, el correcto funcionamiento institucional, la paz, la cohesión social y la confianza ciudadana en el sistema.
En tan difícil coyuntura, “en la que la ausencia de una respuesta judicial en tiempos económica y socialmente útiles a la multitud de conflictos que van a generarse lastraría decisivamente la recuperación económica, el correcto funcionamiento institucional, la paz, la cohesión social y la confianza ciudadana en el sistema”, ha advertido, “se hace más necesario que nunca seguir reivindicando para la Región de Murcia unas dotaciones de órganos judiciales que tardan en llegar”.
De acuerdo a los niveles de entrada de asuntos y otros indicadores evaluados por el Tribunal Superior de Justicia en su balance, la Región necesitaría 20 nuevas unidades judiciales (descontadas las dos que está ya previsto crear en los próximos meses: un nuevo juzgado de primera instancia en Murcia y un mixto en Molina de Segura). De entre aquéllas 20, la Sala de Gobierno ha priorizado en marzo de este año como más urgentes:
• En Cartagena: un magistrado más para la sección desplazada de la Audiencia Provincial, que permita crear una segunda Sección en dicha sede, con separación de las jurisdicciones civil y penal; un juzgado de Primera Instancia y el tercer juzgado de lo Mercantil de la Región, con sede en Cartagena.
• En Lorca: un juzgado de Primera Instancia e Instrucción que permita la separación de las jurisdicciones civil y penal.
• En Murcia: dos juzgados de Primera Instancia
Especial hincapié ha hecho Pasqual del Riquelme en la urgencia de contar con nuevas sedes judiciales en Cartagena, Lorca y Molina de Segura. “Su construcción -ha dicho- es condición necesaria, aunque no suficiente, para contar con un buen servicio público de Justicia en esos partidos judiciales”. Y, según ha reconocido, así se lo hizo saber hace unos días al equipo ministerial que, encabezado por el Secretario de Estado de Justicia, visitó la Región.
Pasqual del Riquelme ha querido también resaltar los asuntos que han centrado una parte importante de la actividad judicial en las diferentes jurisdicciones, “problemas reales de la sociedad murciana y de los murcianos que a veces se ocultan detrás de números y estadísticas y que la Administración de Justicia en la Región se esfuerza, no siempre con los medios necesarios, para darles respuesta”.
