Así lo evidencia la última Memoria del tribunal de garantías que el presidente del órgano, Juan José González Rivas, ha entregado al Rey Felipe VI de forma presencial durante una audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela.
El documento, da cuenta igualmente del número de sentencias dictadas, 178, frente a las 142 de 201, de las que un total 117 han resuelto demandas de amparo y 61 procesos de inconstitucionalidad.
Sobre los recursos de inconstitucionalidad la Memoria destaca que doce de ellos fueron planteados por diputados o senadores (dos respecto de leyes estatales y los otros diez frente a leyes autonómicas); el presidente del Gobierno interpuso nueve frente a leyes autonómicas; el Defensor del Pueblo otros dos (uno frente a una ley estatal y otro respecto de una ley autonómica). Las asambleas legislativas y gobiernos autonómicos recurrieron tres leyes estatales y el Gobierno de La Rioja interpuso un recurso de inconstitucionalidad frente a una ley de su propio Parlamento.
La Memoria destaca asimismo el incremento de la demanda de justicia constitucional, de un 9,23%, así como el hecho de que el número de asuntos ingresados sea superior al de resueltos --7.621 asuntos nuevos frente a 6.574 resoluciones definitivas.
La mayor demanda sigue siendo la de amparo, con un total de 7.554 casos de los que únicamente han sido admitidos a trámite 174, siendo no obstante este número notablemente mayor a las admisiones registradas en ejercicios anteriores, ya que en 2018 se tramitaron 115 amparos y el año anterior apenas 70.
Motivos de inadmisión
En cuanto a las causas de inadmisión, los datos siguen mostrando el predominio de la causa relativa a la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (el 37,43%), seguida a gran distancia de la relativa a la falta de este requisito (el 22,51%), de la falta de justificación (el 11,91%), la falta de subsanación de defectos procesales (el 9,16%) y la falta de agotamiento de la vía judicial previa (el 9,05%).
La inmensa mayoría de estos nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares: 6.639 (en 2018 habían sido 6.833), de los cuales 5.768 fueron interpuestos por personas físicas y 871 por personas jurídicas de derecho privado (6.032 y 801, respectivamente, en 2018). Los entes públicos pro-movieron 44 recursos de amparo (85 en 2018) y ni el Defensor del Pueblo ni el Ministerio Fiscal interpusieron recurso de amparo alguno según esta última estadística.
En cuanto a los derechos cuyo amparo se reclama, la inmensa mayoría, 5.833 se refieren garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución; a los que siguen reclamaciones por vulneración del derecho a la igualdad (artículo 14) que fue invocado en 1.230 demandas de amparo De los restantes derechos fundamentales y libertades públicas protegidos en amparo destacan las 797 invocaciones del derecho a la legalidad penal (10,55%), las 421 del derecho a la libertad y seguridad (5,57%) y las 287 de los derechos a la intimidad del artículo 18 de la Constitución (3,80%)
Pendencia
A l finalizar 2019, se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 74 procesos, con un asunto acumulado: 36 procesos en recursos de amparo previamente avocados, que sumaban 37 asuntos al haberse acumulado dos de ellos; 28 recursos de inconstitucionalidad; siete cuestiones de inconstitucionalidad y tres conflictos positivos de competencia. Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver sobre su admisibilidad únicamente seis cuestiones de inconstitucionalidad.
Los recursos de amparo pendientes de sentencia al finalizar el año alcanzaban una cifra total 188, acumulados en 137 procesos: 36 procesos, con 37 asuntos, cuyo conocimiento había avocado el Pleno, 63 procesos y asuntos pendientes antes la Sala Primera y 88 procesos y asuntos ante la Sala Segunda. Los recursos de amparo pendientes de resolver sobre su admisibilidad ascendían a 3.506: uno cuya decisión sobre la admisión correspondía al Pleno, 1.969 a la Sala Primera y 1.536 a la Sala Segunda, de este órgano.
Por otro lado, las cuestiones de inconstitucionalidad ingresadas disminuyeron de 42 a 33 y también se reducen las impugnaciones de disposiciones autonómicas, que pasaron de 3 en 2018 a tan sólo una el pasado año. Por otro lado se han presentado seis conflictos de competencias, cinco positivos y uno negativo, cuando el año anterior no se había interpuesto ninguno.
Aplicación del 155 y vetos a Puigdemont
Entre las sentencias dictadas a lo largo de 219 destacan las referidas a la constitucionalidad de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, el despido por absentismo laboral, la inconstitucionalidad de la reforma de la LOREG en materia de protección de datos sensibles y las referidas al 'procés' independentista en Cataluña tales como la que rechazó la investidura no presencial de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat Catalana o las que declararon anticonstitucionales determinadas normas aprobadas por el Parlament como la que creaba una comisión de investigación sobre la monarquía.
En cuanto a la gestión electrónica, la Memoria da cuenta de la tramitación de 425.438 expedientes y 502.151 documentos electrónicos en el repositorio del archivo del Tribunal Constitucional, habiéndose digitalizado 19.786 páginas de documentación.
