Los sindicatos del sector de la Justicia han convocado concentraciones para este viernes de 11.30 a 12.30 horas en los Registros Civiles de toda España para protestar contra la entrega de este servicio público a los Registradores de la Propiedad para que lo "exploten" en beneficio propio mediante el cobro de aranceles.
La plataforma sindical de la Administración de Justicia entiende que la importancia y el tratamiento de datos íntimos y expedientes, que afectan "directamente" al contenido de los derechos fundamentales de las personas, exigen que el Registro Civil esté servido "en su totalidad" por funcionarios de la Administración de Justicia.
"Están sujetos a un Reglamento específico y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya cualificación e independencia suponen una garantía para los ciudadanos".
Para el sindicato STAJ, el rechazo de los registradores a asumir esta competencia forma parte de una "estrategia" ya que viene acompañada de unas mejores condiciones y financiación suficiente vinculada a la prestación de los registros.
"SOLEDAD" DEL GOBIERNO
Por su parte, CCOO entiende que la negativa pone de manifiesto la "tremenda soledad" del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y del Gobierno. "También en este asunto, que no cuenta con ningún apoyo social para poner en marcha este nuevo ataque a la ciudadanía en la línea de eliminar los servicios públicos universales y gratuitos", señala en un comunicado.
En todo caso, las organizaciones sindicales denuncian que los usuarios deberán pagar doblemente por este "servicio público" a través de sus impuestos y directamente. "En muchos casos se pagará dos veces, al notario y al registrador de turno. Y se pagará por el acceso a los propios datos personales o los de la familia", añaden.
CCOO censura también la "supresión de más de 3.500 puestos de trabajo de la Administración de Justicia, personal que ha venido desempeñando con la máxima profesionalidad, especialización y dedicación las tareas del registro civil". "Solo la actitud cicatera de los máximos responsables del Ministerio de Justicia, que no ha invertido durante años en medios ni materiales ni personales, ha producido deficiencias en el mismo", ha dicho.
Según STAJ, si reformas como ésta o la supresión de los partidos judiciales para dejar tribunales de instancia solo en capitales de provincia conducirán "necesariamente a una peligrosa pérdida del servicio público en detrimento de los ciudadanos y una pérdida de la independencia judicial".
