La propuesta de los magistrados de Primera Instancia de la capital, acordada en sendas juntas de jueces, ha sido elevada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y al Consejo General de Poder Judicial con el objetivo de poder responder desde el primer momento a esta situación en tanto se crea el juzgado provincial especializado que propone el CGPJ, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.
El CGPJ, a nivel nacional, ha propuesto la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia. Este órgano tendría competencia extendida a todo el territorio de la misma y, de manera exclusiva y no excluyente, conocería de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.
Los jueces de Valencia consideran que ese juzgado especializado, que pretende dar respuesta a las demandas por cláusulas suelo, intereses de demora, vencimiento anticipado y gastos de formalización de hipoteca no será viable ni operativo si no echa a andar con la suficiente dotación de funcionarios y letrados de la administración de Justicia para lo que se requiere del compromiso de las otras administraciones con competencias en la materia: Ministerio de Justicia y Consellería.
Por tal motivo, el decano de los Jueces de de Valencia, Pedro Viguer, ha pedido que por el momento se mantenga el refuerzo que se aprobó para responder a las demandas por productos financieros complejos, plan que ha permitido resolver más de 20.000 pleitos por acciones, preferentes, swaps y otros productos en tres años y ha evitado el colapso de uno de los órdenes jurisdiccionales que más se ha resentido como consecuencia de la crisis económica.
“Actualmente quedan en trámite en los Juzgados de Valencia alrededor de 600 asuntos sobre productos financieros. El refuerzo, que en algunos momentos ha llegado a ser de seis jueces, ha sido extraordinariamente eficaz ya que ha permitido hacer frente con eficacia a 20.140 demandas en un tiempo muy razonable de respuesta similar al de cualquier juicio verbal u ordinario”, subraya Viguer.
Aluvión de demandas sobre cláusulas suelo
Según el decano “nos hallamos ante un mero paréntesis ya que en los meses de mayo o junio, una vez transcurrido el plazo de tres meses dado por el Gobierno para que bancos y clientes alcancen un acuerdo extrajudicial, con toda seguridad se va a producir un aluvión de miles de demandas sobre cláusulas abusivas, muy superior al que ya se ha producido respecto de los productos financieros”.
Esto es consecuencia de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 diciembre 2016 sobre cláusulas suelo y de 26 enero de 2017 sobre cláusula de vencimiento anticipado así como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 diciembre de 2015 sobre los gastos de formalización de préstamos hipotecarios.
La prórroga “provisional” del refuerzo, hasta que empiece a funcionar el juzgado especializado en cláusulas abusivas sólo ofrece, según el decano de los jueces de Valencia “aspectos positivos, ya que redunda en beneficio del ciudadano y permite ir afrontando ya, desde este momento, con agilidad, eficacia y sin solución de continuidad, las demandas que se vayan presentando, sin perjuicio de que dicho refuerzo cese una vez especializado el juzgado provincial si finalmente se cuenta con los medios necesarios para ello”.
Juzgados sobrecargados
En 2016 la entrada de asuntos en los Juzgados de Primera Instancia de Valencia fue un 16% inferior a la del año anterior. Descendieron los pleitos por asuntos financieros complejos (de 9.500 a 6.100); bajaron a la mitad las demandas por ejecuciones hipotecarias (pasaron de 861 en 2015 a 420 en 2016) y se registró también un descenso de los lanzamientos derivados de los juicios de desahucio por arrendamientos y ejecuciones hipotecarias (pasaron de 2.052 a 1.851).
A pesar de estas cifras, los Juzgados de Primera Instancia registraron el pasado año una entrada de 41.000 casos, unos 1.860 por órgano. Están muy por encima de lo que se registraba antes de la crisis económica (34.000 asuntos en 2006). Esto supone que reciben el doble de casos de los que el CGPJ considera recomendable (un 129% más). Y la situación, a tenor de las estadísticas de los primeros meses de 2017, irá a peor.
Según el juez decano esta realidad es consecuencia de la nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A este respecto, explica que “nos encontramos ante un nuevo panorama en materia de protección del consumidor frente a las cláusulas abusivas. El TJUE ha introducido un nuevo modelo que requiere la intervención positiva del juez mediante el control de oficio de dichas cláusulas abusivas, algo desconocido hasta hace unos años en el derecho procesal español, lo que ha supuesto una auténtica transformación de nuestro sistema procesal”.
