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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Más de 1.400 miembros de la Administración de Justicia se han formado en igualdad y violencia de género desde 2019

Noticia

Un total de 1.423 miembros de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia se han formado en igualdad entre hombres y mujeres y en prevención contra la violencia de género desde el año 2019, 526 de ellos fiscales.

Justicia y formación_imagen

Así lo ha detallado la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para exponer las líneas generales de la política de su departamento.

En total, según ha precisado, desde 2019 se han impartido 460 horas de formación en materia de igualdad y prevención de la violencia machista repartidas en 44 actividades formativas. De estas, a la carrera fiscal le han correspondido 210 horas de formación en 18 actividades formativas a las que han asistido 526 alumnos.

Además, Llop ha avanzado que en la actualidad están trabajado en el desarrollo del plan específico de formación en materia de igualdad de oportunidades y lucha contra la violencia de género para todos los cuerpos y carreras que se forman en el centro de estudios jurídicos.

Llop ha destacado que el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres será un "eje transversal" de la política de su departamento "por convicción y por obligación democrática".

La ministra ha recordado que en 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la violencia de género y en la actualidad siguen funcionando las comisiones de seguimiento del mismo en ambas cámaras, el Senado y el Congreso.

Acoso en Internet

También ha subrayado que "no cabe impunidad para los delitos cometidos en la red" pues "el insulto, la amenaza o el acoso en el espacio virtual son tan graves o más que en el espacio físico".

La ministra ha abogado asimismo por seguir trabajando para eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres llegar a puestos de responsabilidad, pues según ha indicado, la crisis de la Covid-19 "ha levantado el velo de la aparente igualdad que se creía haber consolidado" con un incremento de las brechas salariales y una pérdida de talento femenino.

Igualmente, Llop ha precisado que la desigualdad también tiene su reflejo en la Justicia donde "han tenido que pasar 200 años para que una mujer sea presidenta de sala del órgano supremo". En este sentido, ha indicado que las mujeres aún están "infrarrepresentadas" en el Supremo, donde suponen el 22%, aunque ha celebrado que en la carrera judicial se ha avanzado gradualmente en el equilibrio de género alcanzándose un 70% de mujeres en algunas promociones.

Por ello, la ministra ha asegurado que uno de sus principales objetivos es "incorporar la perspectiva de género en el Ministerio" a través de la formación en perspectiva de género, la implantación de planes de igualdad y de prevención del acoso sexual, y ha señalado que ha reforzado la unidad de igualdad de su cartera.

Reformas legislativas

Por otro lado, Llop se ha referido a algunas reformas legislativas que han entrado en vigor recientemente como la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Con esta reforma, según ha destacado la ministra, ya "no se sustituye su toma decisiones sino que se les acompaña para que tomen sus decisiones libremente" pues "no hay mayor dignidad del ser humano que su libertad para decidir". En este ámbito, Llop ha avanzado que desde el Ministerio van a intensificar la perspectiva de discapacidad.

En cuanto a la ley integral de protección a la infancia frente a la violencia, la ministra ha asegurado que su Ministerio potenciará las oficinas de asistencia a las víctimas para que el interés superior del menor esté siempre presente. Entre otras, Llop también ha destacado la reciente aprobación del proyecto de ley de libertad sexual, que "supone un avance para la libertad sexual de las mujeres".

En el ámbito formativo, la ministra también ha anunciado que en cuanto a la formación de los operadores, están estudiando la posibilidad de configurar los cursos selectivos impartidos en el centro de estudios jurídicos como una titulación oficial, en concreto, como un máster universitario.