Miguel Durán, candidato a decano del ICAM: "Si me eligen como decano, seré un decano muy cercano"

Continuamos con una ronda de entrevistas semanal con los candidatos y candidatas a las elecciones del próximo 20 de diciembre para conocer las principales claves del Colegio de la Abogacía del futuro

(Ver especial completo Elecciones 2022 Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid)

Con motivo de las elecciones del próximo 20 de diciembre, entrevistamos a Miguel Durán, candidato a Decano del ICAM.

El candidato es Socio Director de Durán & Durán Abogados. En 1980 promueve junto con otros profesionales del Derecho, un bufete de abogados especializado en temas laborales, tributarios y matrimoniales, que estará en funcionamiento desde 1980 hasta 1984.

Ha sido Consejo General de la ONCE Delegado Territorial de esta Institución en Catalunya, de 1985 hasta el 5 de junio de 1986. El 6 de junio de 1986 fue nombrado por el Consejo General de la ONCE como Director General de la entidad hasta el 16 de septiembre de 1993.

¿Cuáles son las claves del Colegio de la Abogacía del futuro?

El Colegio de la Abogacía del futuro, el ICAM con el que soñamos en nuestra candidatura y sobre todo si es una corporación, debe actuar en defensa de sus miembros. Cuando un cuerpo no defiende bien a sus miembros, el cuerpo acaba muriendo. El gravísimo defecto que tiene el ICAM en este momento es el desapego, la desafección de sus miembros en relación a la institución. Quiero empezar por arrimar, acercar el Colegio a quienes lo integran, a las personas que pagan las cuotas. A quienes lo mantienen. Lo llevo diciendo desde el principio. Cuando algo se percibe como superfluo, la tentación inmediata es prescindir de ello. Creo que el ICAM está en riesgo de desaparecer, no porque no sea una herramienta útil, sino porque no se percibe así por parte de sus miembros. Incluso aquí hay una candidatura que en sus estatutos proclama que para ejercer no es necesario la colegiación, esto es un contrasentido. Quiero acercar el Colegio a todos sus miembros, el cómo es bastante sencillo.

Se trata de conectar con todos los electores no solo en momento electoral sino durante el quinquenio que nos dan para gobernarlo. Creo que hay muchas herramientas que se pueden usar para eso: la comunicación permanente, la participación auspiciada de forma permanente, el sometimiento de la junta a la permanente ordalía del juicio de los miembros del colegio, la comunicación telemática virtual, la prospección permanente de cuáles son las principales inquietudes del abogado y sobre todo constituir al Colegio como esa herramienta de defensa de la abogacía frente a ataques injustificados de clientes y algunos jueces. En definitiva, si me eligen como decano, seré un decano muy cercano.

¿A quién ha elegido para acompañarle en su candidatura? ¿Qué criterios ha utilizado para rodearse de ese equipo de trabajo?

La candidatura que yo encabezo es una candidatura muy homogénea en cuanto a su función de equipo, pero es muy polivalente o ambivalente desde la perspectiva de las ocupaciones de cada uno. Se da por primera vez que llevamos a un Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía y Doctor en Derecho, en concreto, se trata de un alto cargo en el que hemos pensado porque una de las principales dificultades con la que se encuentran los abogados cuando asisten al detenido es la relación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Domingo Perez Castaño, va a ser una persona muy útil en esa mejora de las relaciones con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Llevo conmigo a cuatro personas de amplia tradición en la Administración de Justicia, como son Adolfo Prego, ex magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ignacio Gordillo, ex fiscal de la Audiencia Nacional. Un hombre que se caracteriza por defender el principio de legalidad y por su lucha contra la corrupción. José Javier Polo, ex fiscal jefe de Madrid y ex fiscal de la Audiencia Nacional y con amplísimo bagaje en la Administración de justicia, con casi 35 o 40 años ejerciendo como fiscal. Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urríes, ha sido Juez y Fiscal en la Administración de Justicia.

Además, como vicedecano está Jesús Angel Rojo, abogado, procurador, y que, además, es empresario como director del Grupo de Comunicación El Distrito. Como secretario tenemos a Juan Solaeche-Jaureguizar y Bielsa, un hombre curtido en todo lo que tiene que ver con los estudios internacionales, con extraordinaria relación con el mundo Iberoamericano, que nos va a aportar una perspectiva de unión con los países hermanos.

Llevo a 6 mujeres que todas ellas encarnan el amplio espectro de la abogacía, desde extranjería a familia pasando por turno de oficio. María Bernabé Portolés o Patricia Solano son algunos nombres. Somos 6 mujeres y 8 hombres que estamos ya configurados como un amplio equipo de trabajo en donde yo como un decano no pretenderá ser un decano presidencialista, sino que reparta juego, que haga que todos los miembros tengan competencias plenas en el área que acordemos. No solo representen a la abogacía, sino que sobre todo la defiendan.

Es una candidatura que he pretendido que sea equilibrada, muy representativa, con gente muy comprometida con la defensa de los que representamos. Querer gobernar un cuerpo para no defender a sus miembros, no tiene sentido.

Ignacio, Adolfo, Jose Javier, Santi han sido cocineros antes que frailes. Uno de los bastiones de nuestro programa es mejorar las condiciones de la Administración de Justicia, esa gran abandonada de todos los poderes públicos desde que se instauró la democracia. En España han evolucionado muchas cosas excepto la Administración de Justicia. Aquí un pleito sigue durando la intemerata.

¿Cómo se puede mejorar la Administración de Justicia?

Es difícil esa posible mejora de la Administración de Justicia, pero lo que es sencillo es diagnosticar por qué pasa lo que pasa. ¿Qué Ministro de Justicia ha reivindicado que la partida presupuestaria tenga verdadera entidad? Desde 1977 no conozco ninguno. Excluyo a los iniciales de UCD y de la primera legislatura de Felipe González porque España tenía otras prioridades. Pero desde entonces hemos vivido en una inercia inexplicable. Vengo diciendo que los políticos pierden esfuerzo en como repartirse los puestos en el CGP o en el Tribunal de Cuentas.

La gente tiene que preocuparse en porque se da esa lucha. Esto es por que quien domina el Tribunal Constitucional, domina luego la resolución que se hace sobre leyes importantes y el que domina el CGPJ domina nombramientos y ejerce de forma indirecta un tráfico de influencias indecente.

No digo que el político levante el teléfono para decirle a un juez nombrado por gente de su línea, como tiene que pronunciar esa sentencia. El juez que se siente nombrado por determinada línea ideológica, puede tener el compromiso interno de no fallar en contra del deseo de quien le ha nombrado. ¿Esto es tráfico de influencias? Sí ¿Esto pertenece al tipo del artículo 429 del Código Penal español que hace referencia a las penas de prisión para aquellos particulares que influyen en un funcionario público para cometer tráfico de influencias? Probablemente, no. Tenemos siempre órganos nombrados por partidos, como si esto fuera una especie de sociedad anónima. No creo en esa fórmula de juristas de reconocido prestigio. Creo en la fórmula de jueces que elijan a los jueces. No tendría inconveniente de que los 20 jueces del CGPD fueran elegidos por y para los jueces y juezas.

La Administración de Justicia es un servicio esencial al que acuden millones de personas al año. Sin embargo, no tiene atención desde el punto de vista presupuestario. Tenemos jueces peor pagados y menor número que en el resto de países europeos.

Hay reformas de las leyes procesales que duermen el sueño de los justos. No es una prioridad para los partidos políticos. Me rebelo contra esto y eso es también sobre lo que se rebela la mayor parte de la ciudadanía.

No es lo mismo que lo diga Miguel Durán a que lo diga el Decano y su Junta y por eso quiero llegar ahí. Para decir esto con todo el peso que pueda arrastrar la institución. Me parece muy importante ir al Ministro de Justicia antes de que se empiecen a pergeñar los Presupuestos Generales del Estado del año siguiente. Los abogados somos un elemento imprescindible para el Estado de Derecho. Es parte principal, aunque no seamos empleados públicos.

¿Como debe influir el ICAM el 50% en Madrid, dentro del Consejo General de la Abogacía? ¿Está suficientemente representada?

Si la inmensa mayoría no tiene vinculación con el ICAM, su vinculación con el Consejo General del a Abogacía es nula. Es percibido por el conjunto de abogados tan inútil como son mis ojos. No sirve para nada. Solo para mantener estructuras costosas que serían prescindibles. Si valorasen la eventualidad de su desaparición se preocuparían más. Piensan que es imposible acabar con ellos. Si soy decano, con todo el respeto que me merecen mis colegas, reivindicaré el papel principalísimo que tiene que desempeñar el ICAM. No es un papel inventado si no que tradicionalmente ha sido así. El principal colegio desde 1596 ha sido el de Madrid. Esto lo dicen todos los autores que han escrito sobre la trayectoria de los Colegios Profesionales de Abogados. Esto ha sido así hasta hace poco tiempo. Tengo respeto por el resto de los 83 colegios, pero el papel de Madrid tiene que ser acorde con su peso específico y también por la contribución al sostenimiento del CGAE.

En las elecciones del año 2017, solo votaron un 10% del total de colegiados, ¿Cómo mejorar el índice de la participación de los colegiados y colegiadas de cara al futuro?

Si hay poca participación es porque quienes han gobernado hasta ahora no han tenido ningún interés en fomentar esa participación. O quizá por que le tienen miedo a la participación. Ese no es mi caso. Me comprometo a que, si gobierno el Colegio de Madrid, no solamente habrá voto telemático, sino que habrá permanentes consultas refrendarias respecto de determinadas cuestiones. Por ejemplo, la adaptación de estatutos que tiene que hacer al Estatuto General de la Abogacía y que no ha hecho. Antes de aprobar esos Estatutos serán sometidos a referéndum de todos los integrantes del Colegio.

Ese será un primer hito que demostrará si estamos haciendo las cosas bien para fomentar la participación de los abogados. Nosotros no aprobaremos la norma rectora del Colegio de abogados sin que primero se abra un amplio proceso de sugerencias, de propuestas para esos estatutos y sin que después sean esos colegiados los que refrenden el texto que la Junta ha aprobado.

Eso, amen de permanentes consultas sobre cuestiones importantes para que nuestros colegiados y colegiadas puedan pronunciarse y, puedan indicarnos cual es el sentir mayoritario de la gente.

Si acostumbras a la gente a participar en cosas, sean de su interés o no, la gente participará más. Las próximas elecciones serán con voto telemático y con más de una sede de votación. Es más fácil controlar el voto de la minoría que vota que extender la participación. El voto telemático no es difícil desde el punto de vista tecnológico. No se ha hecho porque es mas sencillo, por ejemplo, llevar a la gente a una discoteca, pedir su documentación para que pidas el certificado censal y tu articulas el voto como quieres, en tu beneficio. O es más sencillo contar con el apoyo institucional simultaneando la doble condición de candidato y de miembro de la Junta saliente. Si llego a ser decano, querré estar sometido al juicio, a la valoración de mis representados y representadas y lo diré permanentemente. Estoy dando ideas concretas, estoy diciendo lo que no se ha hecho, que se podía haber hecho y que yo haré.

Entre las propuestas incluidas en el programa de la candidatura que encabezan Miguel Durán, que se postula como vicedecano, destaca que el Turno de Oficio sea equiparable al ejercicio privado y rebajar a estos compañeros un 50% las cuotas. ¿Qué propuestas tienen?

En todas las campañas electorales el Turno de Oficio es una parte elementalísima. Son 5.300 inscritos. Existen personas que lo vienen ejerciendo desde hace décadas y que no lo necesitan para vivir. Lo hacen por vocación. Con el Turno de Oficio se puede hacer mucha demagogia. Algunos dicen que van a subir los baremos. En mi opinión, lo importante es empezar por ver quien paga el Turno de Oficio. En Madrid, depende de qué órgano judicial sea el interviniente. O lo pagan la Comunidad Autónoma o el Ministerio de Justicia.

Decir que vamos a subir los baremos sin decir cómo para mi es una cosa vacía. Podré subir la retribución de los miembros del Turno de Oficio siempre y cuando previamente me haya ido a negociar la asignación presupuestaria que tiene esa partida, sea con el Consejero de Justicia de la Comunidad Autónoma y en el caso de los órganos de ámbito nacional, con el Ministerio de Justicia. Porque si no lo hago así hablar de subidas del baremo de oficio, es un brindis al sol.

Hay que revisar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (1996), que es de donde dimana la legitimidad y razón de ser del turno de oficio. Y es la ley que dice que el Estado prestará su apoyo económico a personas sin posibilidades para disponer de la justicia.

El Estado lo que hace es que saca pecho diciendo que promociona ese servicio, pero lo hace sobre las costillas de los abogados.

Hay que subir la retribución, pero negociando previamente con los responsables de los presupuestos de los que se nutre el Turno de Oficio. Para comenzar hay que saber si alguien se ha planteado cómo le llaman a la retribución del abogado. El nombre es indemnización, una indemnización que se le da a quien se le causa un perjuicio. Han sido poco hábiles hasta en la denominación. El abogado no debe cobrar una indemnización, debe cobrar una remuneración. Por eso es imprescindible reformar la ley.

La subida debe ser lineal, lo demagógico es decir que vamos a subir un 50%. Además, quiero hacer una división específica para asistir al contribuyente frente a las tropelías de Hacienda. Esto también es una novedad y me alegro que algunas candidaturas coincidamos en esto.

Por último, quien se inscriba debe tener el rigor profesional como para merecer que el colegio le haya asignado ese cliente.

¿Qué tipo de formación considera indispensable para ofrecer desde el ICAM?

En este momento, Formación recibe una asignación presupuestaria de un millón y medio de euros mientras las Biblioteca llega a los 3 millones de euros. Esto es lo que quiero yo saber de mis abogados. Si consideran que el dinero debe ir a una cosa o a otra. La formación no puede ser un negocio. Y mucho menos que se abandone en manos de terceros. El ICAM tiene que ser el conductor, responsable de esto. No debe excluirse la colaboración con terceros, y me encantará colaborar para convertir al Colegio en un excelente cliente de empresas editoriales como Lefebvre. Pero la formación tiene que ser algo muy capital. A los jóvenes hay ofrecerles formación práctica. Llevamos la constitución de un mecanismo de consultas exprés para que el ICAM le pueda orientar en ciertas ocasiones.

Hay abogados que estarían dispuestos a integrar esos mecanismos de respuesta a la altura de los abogados noveles, como una especie de mentorización. El mentoring o patrocinio de un abogado joven por uno senior. Y también, incrementar la asignación presupuestaria a base de patrocinio de grandes empresas. Me refiero a que colaboren conmigo para que las empresas hagan cursos de formación y para que las empresas también tengan su retorno con una bolsa de trabajo seria para extraer aquellos abogados con mejor aprovechamiento.

Además, hay abogados mayores que nos cuesta eso de adaptarnos al mundo digital. Para estos abogados senior, el colegio puede habilitarles curso de formación y herramientas acordes para facilitar el acceso a la digitalización.