En concreto, desde el inicio de la huelga de los LAJ el 24 de enero hasta el 24 de marzo de 2023, el descenso en las notificaciones fue del 43%, respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos registrados en el informe de Atlante y Goriz Advisors, elaborado con la herramienta Legal Insights.
Esta herramienta de análisis de datos masivos también arroja que, al cumplirse 62 días de la huelga en la que los LAJ reivindicaban mejoras salariales, las provincias más afectadas por el paro, con mayor volumen de descenso en las notificaciones mensuales (más de 10.000) en el mismo periodo del 2022 son: Murcia (-76%), Santa Cruz de Tenerife (-70%), Alicante (-58%) y Asturias (-58%). Por el contrario, las provincias que registraron menos caídas de notificaciones en este periodo fueron Málaga, con un 23% menos, Sevilla (-24%), Valencia y Cádiz (-36%).
En relación con las comunidades autónomas con más casos de descenso en las notificaciones por los juzgados en el mismo periodo del 2022 fueron: La Rioja (-95%), Murcia (-76%), País Vasco (-62%) y Galicia (-61%).
Por otro lado, las autonomías con menos descensos de notificaciones en estos dos meses de huelga y, por lo tanto, las menos afectadas por el paro de la actividad fueron: Andalucía, con un 29% menos de notificaciones emitidas durante el mismo periodo de 2022, seguida por Aragón (-36%), Cataluña (-40%) y Madrid (-42%).
Por último, según el informe elaborado con esta herramienta, la media de suspensiones diarias debido a la huelga durante este periodo ha sido del 30% del total de los señalamientos y vistas programadas.
Según Sonia Benito, Managing Director de Atlante, las estimaciones de la firma concluyen que “aunque la Circular 2/2023 emitida por la Administración para evitar una avalancha de notificaciones nos indica que está previsto un sobreesfuerzo dedicado a compensar los efectos de la huelga, podría tardarse de cinco a diez meses en compensar el atraso generado por la huelga; y eso solo si los Letrados de la Administración de Justicia son un 15% o un 20% más eficientes que antes. Si no, este tiempo se puede alargar hasta que la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal introduzca mejoras que signifiquen mayor eficiencia en los juzgados y, por lo tanto, capacidad para gestionar más volumen.”
