Pilar de la Oliva, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha exigido hoy a la Administración una apuesta definitiva por la Justicia, un servicio que considera esencial para el desarrollo democrático, la igualdad, la seguridad y la paz social. De la Oliva ha pedido medios y decisión, estar en la agenda política para hacer frente a las exigencias de los ciudadanos desde la máxima profesionalización y eficiencia. Así lo ha manifestado en el discurso que ha pronunciado en el solemne acto de Apertura del Año Judicial 2015-2016 en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
La presidenta ha expuesto la sucesión de acciones de gobierno en materia de refuerzos que durante los últimos años se han adoptado y cuál es, ya con perspectiva, la valoración, el impacto, de los mismos. Ha destacado los refuerzos en prácticamente todos los juzgados que tienen asuntos en materia de corrupción, en aquellos que han soportado y soportan la mayor demanda por productos bancarios como preferentes o acciones, los juzgados de Lo Mercantil de Castellón y Valencia, los juzgados de Lo Contencioso de Elx, los penales de Castellón, de Gandia, de Torevieja y de Alicante, y el incremento en más del doble de las plazas de magistrado en la sección séptima de la Audiencia de Alicante con sede en Elx.
La presidenta ha explicado que todo ello ha contribuido a asegurar el recorrido completo de los procedimientos, neutralizando el riesgo de las prescripciones, y a reducir significativamente los tiempos de espera de los ciudadanos. Aún así, lo califica de insuficiente y considera que con apoyos de secretarios judiciales y de funcionarios el resultado, la optimización de las medidas de refuerzo, sería mucho mayor.
Por otra parte, ha recordado que desde hace cinco año no se crea un juzgado en la Comunidad Valenciana y que justo en este lustro se han registrado los mayores incrementos en las jurisdicciones Social, Civil y Mercantil, especialmente.
Ha recuperado los datos de un informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en el que sitúa a España muy por debajo de la media de jueces de Europa por cada 100.000 habitantes (11 frente a 16). Y, lo ha puesto en relación con otro reciente informe de la reciente organización en el que se reflejaba la necesidad de inversión en España en medios para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. De la Oliva ha afirmado que esa lucha concluye cuando puede, jurídicamente, establecerse la pena de los defraudadores. Y, para que ello se produzca de manera efectiva, en tiempos razonables, la Justicia necesita una verdadera apuesta.
De la Oliva, que ha agradecido el esfuerzo de jueces, fiscales, secretarios, funcionarios, operadores jurídicos y colaboradores con la Justicia, ha pedido autocrítica, ha insistido en el valor inquebrantable de la independencia judicial y se ha comprometido de nuevo con los ciudadanos en favor de una justicia que les dé las respuestas que necesitan. Al tiempo, le ha pedido a la Administración que tenga presente que no se puede incrementar el sufrimiento del millón de ciudadanos de la Comunidad Valenciana que litiga de media en los últimos años con demoras.
De la Oliva ha propuesto extender la mediación, implantar la oficina judicial en Castellón, crear equipos de funcionarios especializados que puedan actuar según las necesidades, crear más juzgados, aprovechar las dinámicas y posibilidades de otras instituciones para, por ejemplo, ejecutar el cobro de las multas establecidas en sentencia, participar de manera transversal en la educación e impulsar sinergias con la Universidad y otras instituciones.
