¿Puede un grupo de comuneros exigir la instalación privativa de antenas parabólicas, servicio wifi, fibra óptica si la junta no lo ha aprobado?

De conformidad con el contenido del art. 17.1 LPH -EDL 1960/55- u0022Los acuerdos...

De conformidad con el contenido del art. 17.1 LPH -EDL 1960/55 u0022Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguientes reglas u0022La instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación regulados en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, o la adaptación de los existentes, podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participaciónu0022
Esta reforma proviene de la ley 8/2013, y se justifica como todas las modificaciones de la LPH contenidas en la DF 1 según la exposición de motivos, con el objeto de evitar que los actuales regímenes de mayorías establecidos impidan la realización de las actuaciones previstas en la nueva Ley. No se puede hacer depender, se recalca, algunos de sus más importantes efectos de que las comunidades de propietarios adopten dicha decisión por unanimidad o por mayorías muy cualificadas, máxime cuando van a incluir obras que, aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, en realidad competen a la Administración actuante autorizar o, en algunos casos, exigir.
No cabe en consecuencia entender que la norma venga a ser restrictiva al uso de los servicios de telecomunicaciones por parte de los comuneros interesados.
La referencia al Decreto-ley 1/1998 -EDL 1998/42774-, como sostiene la cuestión debe complementarse, que no sustituirse, con el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo -EDL 2011/16008-, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. Precisamente el RD Ley del 98 en la exposición de motivos ya decía que la intención era garantizar tanto para los comuneros como por los arrendatarios el acceso a los servicios de telecomunicación, como parte de sus derecho fundamental a la comunicación (art 20 c)) removiendo los obstáculos que fueren necesarios con el fin de recibir una información plural y de libre elección.
Y el RD 346/2011, anterior a la norma que modifica la ley de propiedad horizontal, esencialmente tiene el objeto de (art 1) a) el establecimiento de la normativa técnica de telecomunicación relativa a la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación; b) las especificaciones técnicas de telecomunicación que se deberán incluir en la normativa técnica básica de la edificación que regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios para garantizar la capacidad suficiente que permita el acceso a los servicios de telecomunicación; C) el paso de las redes de los distintos operadores y los requisitos que debe cumplir la ICT para el acceso a los distintos servicios de telecomunicación en el interior de los edificios; d) favorecer y promocionar el alargamiento de la vida útil de las infraestructuras comunes de telecomunicación, impulsando el desarrollo de las tareas de mantenimiento (art 1.2)
La norma por tanto ni modifica el decreto ley anterior de referencia, el RDL 1/1998 -EDL 1998/42774-, ni puede hacerlo. Por lo tanto la realidad que contempla el art. 6 es la ya existente en la norma de referencia. Y según el RDLey 1/1998 el objeto (art 1) era el reconocer el derecho de los arrendatarios y comuneros a instalar sus correspondientes infraestructuras o adaptar las ya existentes. Este RD ley ya venía a distinguir la actuación comunitaria (art. 6) de la individual (art 9).
Lo que se contiene en el art. 6.2 del Reglamento de 2011 -EDL 2011/16008 es la actuación individual, la que tiene lugar en el caso de que por no existir, o no estar prevista, la instalación de una infraestructura común de telecomunicaciones, o de no adaptarse la preexistente, sea necesaria la realización de una instalación individual para acceder a un servicio de telecomunicación. En este caso el promotor de dicha instalación estará obligado a comunicar por escrito al propietario o, en su caso, a la comunidad de propietarios del edificio su intención, ( a su costa, conforme prevé el art 9 del RD Ley) y acompañará a dicha comunicación la documentación suficiente para describir la instalación que pretende realizar, acreditación de que ésta reúne los requisitos legales que le sean de aplicación y detalle del uso pretendido de los elementos comunes del edificio.
Si se observa el contenido del art. 6 del RD no se contradice con el art. 17.1 LPH -EDL 1960/55-, aunque en cada caso pueda actuar un solo comunero. A partir de ahí el art. 17.1 LPH habla de cómo internamente tomar el acuerdo comunitario, favorable a la petición o contrario en el ámbito de infraestructuras comunes, mientras el 6.2 del RD -EDL 1998/42774 lo que regula es la mecánica externa y consecuencias de la decisión comunitaria, de cara a una instalación individual.
Ante la petición del interesado, la comunidad de propietarios contestará en los plazos previstos en el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero -EDL 1998/42774-, si tiene previsto acometer la realización de una infraestructura común o la adaptación de la preexistente que proporcione el acceso al servicio de telecomunicación pretendido. (Ahí juega el art 17.1 LPH)
Si no lo tiene previsto, porque no está acordado, la comunidad no puede negarse a esta instalación privativa debiendo prestar su consentimiento a la utilización de los elementos comunes del edificio para proceder a la realización de la instalación individual, aunque podrá proponer soluciones alternativas, siempre y cuando sean viables técnica y económicamente.
Por tanto el art. 17.1 LPH -EDL 1960/55 de lo que esencialmente trata es de la instalación de una infraestructura común o de la modificación de la ya existente, mientras que el art. 6.2 del RD lo que contempla es la acometida de una infraestructura individual por ausencia de la infraestructura común y por la falta de previsión comunitaria para su realización, en consonancia con el art 9 del RD Ley 1/1998
Por tanto si un comunero quiere acceder a una nueva tecnología de telecomunicación, podrá promover la actuación de la Comunidad, para que ésta acuerde con los requisitos del art 17.1 LPH la modificación o instalación de una infraestructura común (con las previsiones del art. 6 del Real Decreto ley 1/1998 y el anexo al que se alude en el 6.1 del reglamento de 2011 -EDL 2011/16008-). Si no obtiene el acuerdo correspondiente, tiene la opción de actuar por la vía del art. 9 del RD Ley -EDL 1998/42774 y 6.2 del Reglamento y realizar a su costa una instalación privativa. Lo normal es que el sistema sea de petición de comunero a la junta y si hay rechazo dirigirse el comunero a la junta para que inste la vía del art. 45.4 Ley 9/2014 de telecomunicaciones -EDL 2014/65990-.

De acuerdo con el art. 4.1 del RDL 1/1998, de 27 de febrero -EDL 1998/42774-,...

De acuerdo con el art. 4.1 del RDL 1/1998, de 27 de febrero -EDL 1998/42774-, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación: Cuando la comunidad de propietarios…, decidan la instalación de una infraestructura común de acceso a servicios de telecomunicación o la adaptación de la existente, lo notificarán por escrito a los propietarios de los pisos o locales o, en su caso, a los arrendatarios, al menos con dos meses de antelación a la fecha del comienzo de las obras encaminadas a la instalación o adaptación. Respecto de la comunidad de propietarios, el acuerdo en su seno habrá de ser aprobado, en junta de propietarios, por un tercio de sus integrantes que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación en los elementos comunes.
Por tanto, queda claro que se necesita, tal y como también establece el actual art. 17.12 LPH -EDL 1960/55-, el voto de un tercio de los comuneros, que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación en los elementos comunes para poder instalar por parte de la comunidad una infraestructura común de acceso a servicios de telecomunicación o adaptación de la existente.
No obstante, el art. 9.1 de dicho Real Decreto Ley -EDL 1998/42774 establece que “Los copropietarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal o, en su caso, los arrendatarios tendrán derecho a acceder a los servicios de telecomunicaciones distintos de los indicados en el art. 1.2, a través de la instalación común realizada con arreglo a este Real Decreto-ley, si técnicamente resultase posible su adaptación, o a través de sistemas individuales”.
Por tanto, si un comunero deseara acceder a los servicios de telecomunicaciones a través de la instalación común podrá hacerlo, como también podrá efectuarlo a través de sistemas individuales, si eso no fuera posible, bien por no existir infraestructura común o por no resultar adaptable.
No obstante, para llevar a efecto dicha obra, de acuerdo con lo que establece el apartado 2 de dicho art. 9 cuando el propietario de un piso o local, o, en su caso, un arrendatario, desee recibir la prestación de un servicio de telecomunicación al que pudiera accederse a través de una infraestructura determinada, deberá comunicarlo al presidente de la comunidad de propietarios o, en su caso, al propietario del edificio, antes de iniciar cualquier obra con dicha finalidad. El presidente de la comunidad de propietarios o el propietario deberán contestarle antes de quince días desde que la comunicación se produzca, aplicándose, según proceda, las siguientes reglas:
a) En caso de que exista ya en el edificio esa infraestructura o, antes de que transcurran tres meses desde que la comunicación se produzca, se fuese a adaptar la existente o a instalar una nueva con la finalidad de permitir el acceso a los servicios en cuestión, no podrá llevarse a acabo obra alguna por el copropietario o por el arrendatario.
b) En el supuesto de que no existiese la infraestructura, no fuese hábil para la prestación del servicio al que desean acceder el copropietario o el arrendatario o no se instalase una nueva ni se adaptase la preexistente en el referido plazo de tres meses, el comunicante podrá realizar la obra que le permita la recepción de los servicios de telecomunicaciones correspondientes.
Así pues, en última instancia, si no existiera infraestructura común hábil para la prestación del servicio requerido por el comunero, éste tendrá vía libre para instalar la necesaria para, de forma individual, disfrutar de dicho servicio. Eso sí, corriendo con los gastos de instalación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para disfrutar individualmente del servicio. En estos términos se muestra el art. 5.5 del RDL 346/2011, de 11 de marzo -EDL 2011/16008-, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. Conforme a él tendrán derecho a acceder, a su costa, a los servicios de telecomunicaciones distintos de los indicados en el art. 2.1 de este reglamento a través de sistemas individuales de acceso a los servicios de telecomunicación cuando no exista infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicaciones, no se instale una nueva o no se adapte la preexistente, todo ello con arreglo al procedimiento dispuesto en el art. 9.2 del mencionado Real Decreto-ley 1/1998 -EDL 1998/42774 al que antes se hizo referencia.
En este último caso, la comunidad no podrá poner al comunero más que las “pegas” que hagan referencia a una ubicación inadecuada de la instalación que pretende instalar, por existir otras más estéticas o menos gravosas y agresivas para los elementos comunes o las relativas a evitar el deterioro de éstos (no puede alterarse la estructura del edificio), pero lo que no podrá es, en esa contestación que debe dar en quince días, negar sin más la colocación de la infraestructura individual deseada.
En cualquier caso, de mediar negativa, bien por existir una ubicación menos gravosa o porque de forma caprichosa se hiciere, habrá de recurrirse a los tribunales para dirimir la controversia.
En definitiva, la Comunidad puede adoptar un acuerdo con el quórum antes indicado de un tercio de los comuneros por el que se instale con carácter general el servicio de acceso a telecomunicaciones, que pasará a ser elemento común (art. 2.3 RDL 346/2011 -EDL 2011/16008-) y, caso de no hacerlo, podrá el comunero interesado llevar a cabo, a su costa, las obras que le permitan dicho acceso de forma individual.

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