Posibilidad de revocar el derecho de asistencia jurídica gratuita en resolución judicial final sin previa advertencia

Entiendo que es posible revocar el beneficio de la gratuidad de la just...

Entiendo que es posible revocar el beneficio de la gratuidad de la justicia al dictar la resolución final sin advertencia previa, pues así lo permite el artículo mencionado, que literalmente no impone exigencia alguna, siempre y cuando se apreciare, como reza el precepto, abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude en su ejercicio, en términos en que se viene entendiendo ese abuso de derecho, fraude, temeridad y mala fe por la jurisprudencia, con condena al abono de gastos y costas procesales devengadas a su instancia, en cuanto se obliga a la otra parte a litigar sin necesidad.

Aplicando el principio de legalidad y taxatividad, en modo alguno es ex...

Aplicando el principio de legalidad y taxatividad, en modo alguno es exigible técnicamente una previa advertencia al que ha disfrutado del beneficio de justicia gratuita para proceder a la revocación de este derecho. Y, por ello, la respuesta a la pregunta planteada debe ser positiva, porque el precepto en modo alguno exige que antes de proceder a la revocación del derecho se proceda a efectuar una previa advertencia a quien ha infringido la norma con la concurrencia de causa ex lege para ello por la vía del art. 19.2.

En efecto, señala el art. 19.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita -EDL 1996/13683-, que, si el órgano judicial que conociera de la pretensión ejercitada por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita apreciase abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley en su ejercicio, en la resolución que ponga fin al proceso declarará la existencia del mismo, revocará el derecho de justicia gratuita y le condenará a abonar los gastos y costas procesales devengadas a su instancia

En este sentido, no es preceptiva una previa advertencia del órgano judicial a la parte que ha utilizado este beneficio advertencia, por otro lado, que no es exigible por cuanto la concurrencia de presupuestos tales como abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley en su ejercicio no pueden dar lugar a que, además de su coexistencia en el proceso, tenga derecho la parte que ha utilizado este derecho de justicia gratuita una especie de segunda oportunidad cuando ha incurrido en actuación merecedora de la revocación del derecho que ha utilizado.

No puede pretenderse que habiendo incurrido en causa de revocación del derecho de asistencia jurídica gratuita por causa ex lege se exija una advertencia previa acerca de que si se recae en la conducta tasada se procederá a la revocación del derecho, ya que la norma reguladora establece que concurrirá directamente la revocación en el caso de advenimiento de causa y conducta adecuada para ello. En ningún modo, el apercibimiento previo es un derecho que pueda reclamar el que se ha beneficiado de un derecho que se determina ex post que no puede ejercer, por lo que la concurrencia de causa directa para su revocación legitima a la autoridad judicial para llevarla a cabo sin necesidad de mayores exigencias o aditamentos procesales para ejecutarlo.

Con respecto al ejercicio de abuso de derecho y aplicado a la justicia gratuita podemos citar el reciente auto del TS de 16 de junio de 2021, Rec. 4733/2020 -EDJ 600725-, que señala que:

«Los requisitos o presupuestos para que quepa apreciar el abuso del derecho han sido acogidos, últimamente, por la STS 137/2021, de 11 de marzo -recurso n.º 1751/2007-, con cita de la sentencia 690/2012, de 21 de noviembre:

-&hellip para apreciar el abuso del derecho es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos: a el uso de un derecho objetivo y externamente legal b daño a un interés, no protegido por una específica prerrogativa jurídica, y c la inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestada en forma subjetiva -ejercicio del derecho con intención de dañar, con animus nocendi-, o en forma objetiva -ejercicio anormal del derecho, de modo contrario a los fines económico-sociales del mismo [Sentencias 455/2001, de 16 de mayo, y 722/2010, de 10 de noviembre], ya que, en otro caso, rige la regla qui iure suo utitur neminem laedit -quien ejercita su derecho no daña a nadie -&hellip-.

Esto es, no es precisa la intención de dañar ni siquiera la eventual asunción del daño derivado de la conducta, sino que basta un ejercicio anormal o excesivo, o que no satisfaga los fines propios del derecho al que se refiere, en el caso, el derecho a los recursos.La doctrina de la Sala sobre el abuso del derecho al proceso puede compendiarse en la STS 872/2011, de 12 de diciembre -recurso n.º 1830/2008-:

«&hellipEsta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas sentencias acerca de la concurrencia del abuso en el ejercicio de acciones ante los tribunales.

Las reglas interpretativas que pueden deducirse de las sentencias pronunciadas en este tema son las siguientes:

1.ª La regla general consiste en que quien usa de su derecho, no ocasiona daño -qui iure sui utitur neminen laedit-, aunque no obtenga una solución positiva a su demanda. Esta regla está relacionada con el derecho constitucional a la tutela judicial, de modo que esta Sala ha manifestado en diversas ocasiones que el abuso del derecho en relación al proceso debe ser cuidadosamente examinado para no coartar el ejercicio de acciones -STS 905/2007 y las sentencias allí citadas, así como las SSTS 1229/2004, de 29 diciembre y 769/2010, de 3 diciembre-.

2.ª Sin embargo, no se excluye la posibilidad de que se pueda producir un uso abusivo del proceso, que ocasione daños que deben ser objeto de reparación, teniendo en cuenta que algunas veces los litigantes perjudicados han utilizado para fundar sus demandas el art. 1902 CC y otras el art. 7.2 CC, que es el que se considera más adecuado en la STS 1229/2004, de 29 diciembre.

3.ª En cualquier caso deben concurrir los requisitos que se han exigido para que se constate la concurrencia de abuso o ejercicio desleal. Como afirma la STS 769/2010, de 3 diciembre Se considera que son características de esta situación de retraso desleal -Verwirkug-: a el transcurso de un periodo de tiempo sin ejercitar el derecho b la omisión del ejercicio c creación de una confianza legítima en la otra parte de que no se ejercitará. En este sentido, la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado en temas directamente relacionados con esta cuestión, si bien en la mayoría de las sentencias se produce una remisión bien a la doctrina de los actos propios -SSTS por ejemplo, 16 febrero 2005, 8 marzo y 12 abril 2006, entre otras-, bien a la doctrina del abuso del derecho -entre otras, SSTS 17 junio 1988, 21 diciembre 2000 y todas las allí citadas-". Y la STS 905/2007 dice que "la concurrencia del abuso o de la mala fe en la interposición del litigio debe probarse por el demandante -en cierto sentido, la sentencia de 21 diciembre 2005 Por lo tanto, para que exista daño que genere una obligación de indemnizar, quien litiga debe hacerlo de forma temeraria o caprichosa -STS de 6 julio 1990-, o bien de forma abusiva -SSTS 17 marzo 1992 y 2 febrero 2001-.

4.ª Para que concurra este abuso o ejercicio desleal debe actuarse o bien de forma dolosa o bien con manifiesta negligencia, entendiendo la STS 905/2007, que la parte que las inició haya actuado dolosamente o cuando menos con manifiesta negligencia por no haberse asegurado el alcance de la acción ejercitada, lo que significa la intención de dañar no existirá "cuando sin traspasar los límites de la equidad y buena fe se pone en marcha el mecanismo judicial con sus consecuencias ejecutivas para hacer valer una atribución que el actor estima corresponderle, por oponerse a ello la máxima qui iure sui utitur neminem laedit salvo, claro está, que el Tribunal sentenciador hubiera declarado su culpabilidad estimando la inexistencia de justa causa litigantis&hellip.»

Pero en modo alguno se constata que si concurre y se aprecia abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley en su ejercicio, como términos que cita el art. 19.2 de la Ley en estos casos se exija por el beneficiario que antes de que se le revoque el beneficio haya precedido un expreso requerimiento, o advertencia previa. En modo alguno lo exige la norma, y en todos los casos en los que se aplican consecuencias sancionadoras en distintas normas por la concurrencia de estas &ldquoactitudes procesales&rdquo que se citan en el antes citado art. 19.2 de la Ley se ha exigido en el ordenamiento jurídico que precedan advertencias previas a un acto o actitud en la que concurren estas circunstancias y que son merecedoras, por ello, de la consecuencia sancionadora que en este caso fija el precepto.

No puede entenderse, por ello, que se trate de un pronunciamiento sorpresivo que se aplique ex lege el art. 19.2 de la Ley si concurre causa legal para la revocación del beneficio concedido.

La cuestión a analizar cobra especial relevancia, pues la asi...

La cuestión a analizar cobra especial relevancia, pues la asistencia jurídica gratuita, llamada en otros tiempos beneficio de pobreza, es precisamente para que litigue el que no dispone de recursos y cuando considera que su pretensión es ajustada a derecho.

La Ley sensible con el abuso de derecho, que se está realizando en los Tribunales, mal utilizando ese derecho para evitar una posible condena en costas, cuando las pretensiones las partes lo único que pretenden en ocasiones es un ánimo dilatorio y además por otro lado se observa como son peticiones abocadas al fracaso más absoluto.

De esta manera, la Ley 42/2015 de 5 de octubre -EDL 2015/16901-, añadió un apartado segundo que se configuraría como el art. 19, nº 2, en el sentido que, si el Tribunal aprecia abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de Ley en la resolución que ponga fin al proceso, declarará la extinción del mismo revocando el derecho de Justicia Gratuita y condenará al abono de los gastos y costas procesales devengadas a su instancia y pudiendo obtener su reembolso la Administración Pública.

Ha habido varios pronunciamientos en las audiencias provinciales, y entre ellos me detengo en el pronunciamiento de la Sección 19ª de la AP Barcelona 7/2022, de 14 de enero -EDJ 533347-, en la cual, además de razonar que la apelación era temeraria y no tenía ninguna posibilidad de éxito, ordena la revocación del beneficio de justicia gratuita y subsiguiente comunicación a la Comisión de Justicia Gratuita de dicha revocación, a fin de que por la misma se inicie el correspondiente expediente o actuaciones para el reembolso, o en su caso por la vía de apremio de cuantas prestaciones se hubiesen obtenido como consecuencia del reconocimiento del derecho.

Por otro lado, también la AP Valencia, Sección 8ª, 176/2018, de 22 de mayo -EDJ 570569-, entendió que efectivamente se había litigado con temeridad, al ocultar la existencia de un Laudo Arbitral y de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, planteando una demanda, cuyo objeto ya había sido resuelto.

En alguna ocasión, la AP Valencia, Sección 11ª, dictó un pronunciamiento que me atrevo de calificar de insólito, en fecha 25 de julio de 2019, número de recurso 976/2018 y número de Resolución 355/2019 -EDJ 704146-, en la cual no estimó la revocación del beneficio de justicia gratuita, porque se indicó que cuando la Corporación del Colegio de Abogados, nombró al Letrado para defender al demandado, debería haber invocado el criterio de insostenibilidad de la pretensión y al no efectuarlo, implicaba que el profesional consideró que la oposición era defendible y por lo tanto la Sala considera que no es de aplicación la figura de la mala fe. No obstante, entiendo que una circunstancia sería que el Letrado considere que la pretensión es insostenible y otra cosa bien distinta es que el cliente insista en dicha pretensión, cuando la misma pueda estar abocada al fracaso.

En otra Resolución dictada por la AP Alicante, Sección 9ª con sede en Elche, y en fecha 22 de octubre de 2021, número de Recurso 841/2021 y número de Resolución 437/2021 -EDJ 865045-, realiza una serie de consideraciones muy interesantes con respecto a los conceptos de temeridad y mala fe, que no son equiparables, dado que el primero es el que permite imponer las costas en el supuesto de estimación parcial de la demanda, a tenor del art. 394 LEC -EDL 2000/77463-, y la mala fe se circunscribe en el art. 395 relativo al allanamiento, suponiendo una manifestación paradigmática de esa mala fe, el no haber atendido los requerimientos previos del proceso, y sigue diciendo que la temeridad procesal viene referida a los supuestos de ejercicio de pretensiones o defensas intraprocesales absurdas, dilatorias o absolutamente infundadas.

Al socaire de dicha Resolución, también es de considerable relevancia la Sentencia dictada por la AP Madrid, Sección 13ª, de fecha 2 de febrero de 2022, número de recurso 788/2021 y número de Resolución 41/2022 -EDJ 532666-, en la cual revoca el derecho de asistencia jurídica gratuita reconocido y ordena que se ponga en conocimiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dado que era patente que, con independencia de la finalidad perseguida, se intentó prolongar la duración del proceso aportando argumentos en su recurso carentes del más mínimo fundamento, sirviéndose de que el derecho de asistencia jurídica gratuita que tenía reconocido le permitía hacerlo sin ningún quebranto económico por su parte, despreciando las repercusiones en términos de costes económicos y esfuerzos personales que todo ello implica para la administración y para los profesionales designados.

Como punto de partida, no me parece razonable tomar una decisi&oacu...

Como punto de partida, no me parece razonable tomar una decisión judicial -cualquier que sea de forma sorpresiva y sin audiencia de las partes.

Según la Exposición de Motivos -VII de la Ley 42/2015, de 5 de octubre -EDL 2015/16901-, cuya disp. final 3.13 da redacción al precepto que comentamos, &ldquoentre las disfunciones detectadas estos últimos años de aplicación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, están las situaciones de discordancia en los datos aportados por los solicitantes con la realidad.&rdquo

Para ello, la reforma aumenta las facultades de averiguación patrimonial por parte de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y dice completar este planteamiento con la posibilidad de que el juez competente revoque el derecho si aprecia temeridad o abuso del derecho en la pretensión de quien está amparado por el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Por tanto, el origen de la facultad otorgada al juez en el art. 19.2 LJG se halla en la prevención del fraude, de modo que no disfruten del beneficio legal las personas que esconden su realidad patrimonial -ingresos y propiedades-.

Igualmente, establece la Exposición de Motivos que el procedimiento -administrativo de revocación del derecho de justicia gratuita a realizar por la Comisión debe ser con audiencia del interesado y con resolución motivada. Con más razón, en el seno de un proceso judicial se debe respetar el principio de audiencia y de contradicción, además de cumplir con rigor el deber de motivación, para poder retirar a una persona el beneficio legal.

Según el párrafo 1 del art. 19 LJG, se han de considerar, en trance administrativo y ante la Comisión de Justicia Gratuita, la declaración errónea y el falseamiento u ocultación de datos por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita, que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho.

Cuando el párrafo 2 orienta al juez hacia el abuso de derecho, la temeridad, la mala fe o el fraude de ley en su ejercicio, está reclamando que cualquiera de estas apreciaciones derive del cumplimiento riguroso de las reglas procesales sobre alegación, defensa y prueba y que lo que se resuelva venga debidamente motivado.

La cuestión no me parece de encaje automático en las reglas sobre condena en costas ni, concretamente, en el juicio de temeridad del art. 394.3 LEC -EDL 2000/77463-. Por una parte, el juicio de reproche que deriva del art. 19.2 LJG ha de guardar relación con la obtención del beneficio para fines espurios y por otra la apreciación de la temeridad en la condena en costas requiere un juicio distinto.

El juicio de temeridad nace del análisis del pleito mismo y el juicio del &ldquoabuso de derecho, la temeridad, la mala fe o el fraude de ley" en el ejercicio del Derecho a Justicia Gratuita ha de nacer de la consideración de los ingresos y del patrimonio del beneficiario, lo que no suele ser objeto del proceso judicial.

El TS en Sentencia núm. 287/2008, de 8 de mayo, validó una condena por temeridad por los datos que se deducían del propio proceso y de la existencia de pleitos anteriores. No me parece que sea tan fácil extraer datos concluyentes del proceso en el estudio de las causas del precepto que estudiamos.

Por último, mientras que la apreciación de la temeridad a efecto de costas procesales, produce el efecto de la superación del tercio de lo obtenido para atener a su pago, la aplicación en su caso del art. 19.2 LJG produciría como efecto el propio de haber venido a mejor fortuna o de haber sido denegado el beneficio ab initio, esto es, el pago de las costas hasta el tercio de lo que se obtenga.

No conviene cerrar la puerta a algún supuesto excepcional, pero no será en ningún caso la regla general.

En ningún caso me parece posible que se &ldquoacumule&rdquo y confunda el juicio de reproche por haber ocultado ser &ldquorico&rdquo con la condena en costas por temeridad.

Cuando existe un riesgo previsible de que la demanda puede que no sea e...

Cuando existe un riesgo previsible de que la demanda puede que no sea estimada, muchos Abogados aconsejan a sus clientes no ejercitar ninguna acción. Un ejemplo sencillo. Finalizado un procedimiento de divorcio no puede interponerse, pasados unos meses, una demanda de modificación de medidas pidiendo el cambio de custodia. Sería necesario un cambio sustancial de circunstancias para acudir de nuevo al juzgado pidiendo que revise las medidas.

¿Pero qué pasa cuando el cliente tiene concedido el beneficio de asistencia jurídica gratuita y a pesar de ser advertido por el Abogado insiste en que se interponga la demanda? Claro, el Abogado podría mantener la insostenibilidad de la pretensión, pero sabemos que al final, todo termina con la designación de un nuevo Abogado del turno de oficio.

Cuantas oposiciones a la ejecución hemos visto totalmente infundadas que son desestimadas sistemáticamente, y que, a pesar de ello, se interponen recursos de apelación, que también sistemáticamente son desestimados.

Es una realidad que litigar amparado con el derecho a la asistencia justicia gratuita es una patente de corso que, en principio, no pone ningún freno a la hora ejercitar acciones, oponerse a las mismas o interponer recursos. No hay miedo a la condena en costas.

Pero decimos en principio, porque la ley también pone ciertos límites, se actúe con abogado de libre designación o con abogado del turno de oficio. Como previene el art. 247 LEC  «1. Los intervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la buena fe. 2. Los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal».

Por tanto, la buena fe y el no abuso del derecho deben presidir la actuación de todas las partes en el litigio.

Cuando se constata ese abuso de derecho, el art. 247 LEC -EDL 2000/77463 permite la imposición de multas. Previamente a la imposición será necesario un trámite de audiencia al litigante. Si finalmente se impone una multa, su pago no está incluido dentro del beneficio de justicia gratuita. No obstante, si no tiene medios económicos suficientes sobre los que trabarse el embargo, la imposición de la multa no tendrá ninguna consecuencia para el litigante. Podríamos decir que el abuso de derecho queda impune.

Alguna resolución judicial, como por ejemplo la AP Barcelona, Sec. 12.ª en su Auto de 7 de julio de 2020 -EDJ 622624-, apreciando el abuso de derecho optó por incluir en la resolución un pronunciamiento declarando la temeridad para que tenga su reflejo en la condena en costas. Señalaba la citada resolución que «Aun cuando la concesión de tal beneficio le eximirá del pago de las mismas si no viene a mejor fortuna en el plazo de tres años, debe constar tal condena como precedente del abuso del derecho a la defensa gratuita con notorio perjuicio para la administración de justicia y de los ciudadanos que pagan sus impuestos para garantizarle un derecho que ha ejercitado torticeramente».

Finalmente, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita también pone freno a las conductas abusivas y en su art. 19.2 se prevé la posibilidad de que pueda ser revocado el derecho a la asistencia jurídica gratuita y se condene al beneficiado a abonar los gastos y costas procesales devengadas a su instancia. Como vemos, a diferencia de lo que sucede en el incidente para imposición de multas, no se prevé en el mencionado art. 19.2 LAJG ningún trámite de alegaciones. Sin embargo, consideramos que esa posibilidad de revocar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, debe ser puesta de manifiesto por el Tribunal antes de la resolución que la acuerde, para que el justiciable pueda formular alegaciones. Lo contrario sería vulnerar el derecho constitucional de defensa. Si para la imposición de una multa es requisito necesario la audiencia al litigante, para una sanción de mayor gravedad, como es la revocación del derecho, este trámite de alegaciones con mayor razón se hará imprescindible. No se trata de que se abra pieza separada para imponer la sanción, puesto que el art. 19.2 LAJG indica que la decisión se adoptará «en la resolución que ponga fin al proceso». Pero sí será necesario en el acto del juicio o de la vista que el tribunal advierta de la posibilidad de imponer la sanción, para que en ese momento pueda el letrado realizar las manifestaciones que considere convenientes.

Mi posicionamiento es favorable a la exigencia de especifica previa aud...

Mi posicionamiento es favorable a la exigencia de especifica previa audiencia salvo que el sancionado hubiera tenido ya ocasión anteriormente -vía alegaciones o recurso a justificar su posición frente a la solicitud de adverso de tal sanción, porque se considera que para la adecuada respuesta a la cuestión planteada parece razonable atender en primer término a la naturaleza de la previsión legal objeto de examen y a su estimada analogía con la sanción prevista en el art. 247 LEC -EDL 2000/77463-.

En este sentido no parece dudable que el artículo 19.2 de la Ley de Justicia Gratuita se trata de una concreción del principio de la buena fe, ex arts. 11 LOPJ -EDL 1985/8754-, 7.1 CC -EDL 1889/1 y 247 LEC -en similar sentido el Auto AP Córdoba, sección 1º de 24-1-2022 -EDJ 557115 o la SAP Mérida sección 3º de 22-3-2022-.

El fundamento pues de tal regulación se halla en la citado art. 11.2 LOPJ que prevé que los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal, con obligada aplicación de los respectivos conceptos legales doctrinales y jurisprudenciales de abuso de derecho -art. 7.2 CC si bien con interpretación restrictiva y siempre favorable al litigante acorde con el derecho a tutela judicial efectiva-, temeridad -como conducta procesal carente de fundamento o sin base jurídica mínima para ser mantenida, de modo que quien la formula no podía dejar de conocer lo infundado de su pretensión-, mala fe -actuación intencionadamente temeraria y fraude de ley -art. 6.4 CC-.

La razón de ser de tal nueva regulación tiene por objeto precisamente la protección del servicio público de la justicia gratuita frente a actuaciones que se evidencian como abuso de derecho, temeridad mala fe o fraude de ley y, en ese sentido, se considera que debe equipararse a la sanción prevista en el art. 247 LEC lo que justificaría la tesis de exigir la previa audiencia antes de la imposición de semejante sanción.

De haber sido solicitada semejante sanción por la otra parte en el proceso de instancia o en sede de apelación y haber sido escuchada la otra parte no se considera necesario la apertura de una nueva pieza separada para dar audiencia a la parte beneficiaria de la Justicia Gratuita pero de no haber sido suscitada tal solicitud por la otra parte -en instancia o apelación o de haber sido articulada cuando no cabía ya traslado a la contraparte y, sobre todo, en los supuestos en que el juez o tribunal pretende aplicar de oficio tal sanción, se considerada adecuado el tramite previa de audiencia de la parte beneficiaria de la Justicia Gratuita y a tal efecto debe subrayarse :

A Que la misma Ley de Justicia Gratuita en el apartado 1º del citado art. 19 prevé literalmente la audiencia cuando la revocación corresponde a la Comisión de Justicia Gratuita, en caso de declaración errónea falseamiento u ocultación de datos por los solicitantes

B Que la tramitación adecuada de la sanción prevista en el art. 247 LEC, a pesar de apreciarse idéntica omisión en su redacción -a diferencia de la sanción prevista en el art. 292 LEC-, recomienda la observancia del referido trámite de audiencia bien por observancia del procedimiento sancionador de la LOPJ en sus arts. 552 y ss, en particular 555.2 y 557 LOPJ -SAP Vizcaya sección 4º de 14-5-2003 entre otras-, bien mediante apertura de pieza separada con semejante audiencia -SAP Navarra sección 2º de 10-7-2003 o SAP Barcelona sección 12 de 20-12-2017 -EDJ 299144-, entre otras-.

Sin embargo, no puede desconocerse la muy dispar interpretación de tal precepto en la jurisprudencia de nuestras Audiencias en relación a la aplicación en ocasiones de oficio sin previa audiencia. A título ilustrativo pueden citarse, entre muchas otras, las SSAP Barcelona sección 19 de 14-6-2019, la SAP Alicante sección 9º de 22-10-2021 -EDJ 868571 o la antes citada SAP Barcelona sección 12 de 20-12-2017.