Desde el Ministerio de Justicia ya se indicó el pasado diciembre que se estaba terminando el anteproyecto de Ley y que en breve se llevaría al Consejo de Ministros, pero aun no se ha llevado a cabo.
Procedimiento sancionador
El Gobierno dispone ahora de dos meses para enviar a Bruselas un informe explicando cómo están los trabajos para trasponer al ordenamiento jurídico interno la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, también conocida como Directiva whistleblower.
Si, proporcionada esa información la Comisión llega a la conclusión de que el Estado no cumple sus obligaciones con arreglo a la legislación de la UE, puede enviar una petición formal para que se dé cumplimiento a dicha legislación, así como que le informe de las medidas adoptadas, en un plazo que generalmente son dos meses.
Si el Estado miembro mantiene el incumplimiento, la Comisión puede optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia y pedirle que imponga sanciones.
Si el Tribunal de Justicia aprecia que un Estado miembro ha infringido la legislación de la UE, las autoridades nacionales están obligadas a tomar medidas para ajustarse a la sentencia del Tribunal.
¿Cuál es el objetivo de la Directiva whistleblower?
Esta Directiva pretende defender a las personas que dan información obtenida en un contexto laboral sobre irregularidades en la contratación pública, prevención del blanqueo de capitales o salud pública, entre otros ámbitos.
Esto es debido a que las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales, son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que surgen en ese contexto. Al informar sobre las posibles infracciones que pudieran cometerse, estas personas actúan como denunciantes.
No obstante, puede darse el caso de que opten por renunciar a informar sobre las sospechas o infracciones de las que han sido testigos por temor a represalias, con lo que esta normativa busca evitar situaciones como la anulación de un contrato, coacciones, intimidaciones o acoso.
Así, cuando entre en vigor, ser prevé que toda la administración pública y las empresas de más de 50 trabajadores tengan canales de denuncia que garanticen la confidencialidad para que cualquier trabajador pueda informar sobre posibles infracciones sin tener miedo a las consecuencias que se puedan tomar contra ellos.
