Un grupo de secretarios judiciales se ha mostrado este jueves en contra de otorgar al Ministerio Fiscal la instrucción de los delitos y las faltas al considerar que la actual situación económica apremia a acometer otro tipo de reformas en la Administración de Justicia, como es el aumento de los recursos, en vez de elaborar una modificación legal de "tal calado".
En este sentido se han pronunciado los ponentes que han intervenido en la mesa redonda 'El secretario judicial y la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal', celebrada en las XXVI Jornadas Nacionales de la Fe Pública Judicial, y en la que ha actuado como moderadora Adriana Álvarez.
El secretario judicial de Instrucción número 12 de Málaga, Alfredo Martínez, ha considerado un "gravísimo error" otorgar al Ministerio Público la instrucción penal al entender que el cambio de modelo se hace "imposible" porque los fiscales no cuentan con una "formación habitual", un estatuto y unos medios adecuados para asumir esta función.
En este punto, Alfredo Martínez ha defendido las garantías que otorga la actual investigación a cargo del Poder Judicial, cuya "independencia hace que sea más inmune a las intromisiones en la instrucción penal".
En este sentido, ha puesto de relieve que la instrucción judicial ha servido para hacer frente "durante tres siglos a los problemas penales", por lo que una transformación a favor de la Fiscalía no tendría un funcionamiento "razonable" a "corto ni medio plazo".
A su juicio, es conveniente que el Gobierno resuelva problemas "más acuciantes" como la falta de recursos en la Administración de Justicia, antes de acometer un cambio legislativo de tal envergadura. Dicho esto, ha reclamado que el Ministerio de Justicia escuche la opinión de los fedatarios públicos en la elaboración de las nuevas leyes ya que, a su juicio, una instrucción en manos de la Fiscalía dejaría de lado a este colectivos.
Tras advertir de que los tribunales de instancia y la oficina judicial se diseñaron para una instrucción judicial, el secretario judicial de Instrucción en Málaga ha propuesto una serie de soluciones en el ámbito penal que afectarían a los fedatarios públicos.
Entre ellas, ha propuesto potenciar un sistema de conformidad en la fase de instrucción, fomentar sistemas alternativos como la mediación, regular el papel del secretario judicial en los registros domiciliarios y que este colectivo pueda tramitar comisiones rogatorias en el ámbito penal.
Descargar de competencias al juez
Por su parte, el secretario judicial del juzgado de lo Penal número 5 de Alcalá de Henares (Málaga), Enrique Roldán, ha suscrito las palabras de su antecesor en el uso de la palabra y ha defendido que "no es el momento" para realizar una reforma de "tal calado" con la actual situación económica.
En otro orden de cosas, Roldán ha destacado que el cuerpo superior de secretarios judiciales debe "intentar asumir el mayor número de competencias posible" siempre desde el punto de vista "resolutivo".
En este punto, ha advertido de que el Ministerio quiere restar competencias al juez para descargar de trabajo a los tribunales ya que no es posible crear nuevos órganos en la actual situación económica. "Los secretarios judiciales somos los legítimos depositarios de las funciones que no constituyen estrictamente la tarea de juzgar y ejecutar lo juzgado", ha apostillado.
Más de 250 secretarios judiciales se reúnen hasta el viernes en la ciudad de Pontevedra en unas jornadas organizadas por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales para debatir sobre las reformas legales anunciadas por el Gobierno y sobre la sostenibilidad y el futuro de la Justicia en España.
