Han surgido interrogantes sobre las posibles conexiones jurídicas con la suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada (ERTEs) como consecuencia de la crisis sanitaria
La Constitución Española establece en su artículo 40.2, como uno de los principios rectores de la política social y económica, que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo