Las magistradas de los Juzgados de lo Social de Salamanca remitieron en mayo un escrito dirigido a la Sala en el que pedían la concesión urgente de una medida de refuerzo - consistente en el nombramiento de un juez de refuerzo para ambos juzgados - debido a la suspensión de los juicios que se encontraban señalados, a las demandas que ya se han recibido y al ingente volumen de asuntos que ingresarán como consecuencia de la crisis producida por la pandemia del COVID-19.
En concreto, entre el 16 de marzo y el 3 de junio de 2020, el Juzgado de lo Social 1 ha suspendido 197 juicios, y el Social 2 ha cancelado 132 vistas. Además, en el periodo de 16 de marzo a 26 de mayo, el Social 1 ha recibido 72 demandas y el Social 2, 89.
El órgano de gobierno de los jueces de Castilla y León ha entendido que la medida no sólo es necesaria sino que tiene que aplicarse estableciendo un nuevo órgano judicial ya que la disfunción en dichos juzgados es “estructural y no coyuntural”, tal y como demuestran los datos estadísticos incluso anteriores a la pandemia.
Mientras se lleva a cabo la creación del Social 3, la Sala propone el refuerzo de un magistrado en comisión de servicio con relevación de funciones y, si no es posible, de un juez de adscripción territorial o un juez sustituto. Además, entiende que es necesaria la participación de un letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios de tramitación.
Este refuerzo se ocupará del 33% de los asuntos de cada órgano judicial, tendrá una duración inicial de un año - salvo que se cree un nuevo Juzgado de lo Social – y deberá informar trimestralmente de su evolución.
