Valencia acoge la 8ª Asamblea General del Colegio de Abogados Penal Internacional
Entrevistamos a Rafael Bonmatí Llorens, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), y uno de los promotores de la próxima edición de la Asamblea del BPI-CAPI, un importante evento a nivel internacional en el ámbito de la justicia penal que se celebrará en Valencia los días 3 y 4 de febrero,
- ¿Cuál es la función del Colegio de Abogados Penal Internacional (CAPI)? ¿Qué acciones ha desarrollado en su historia?
El Colegio de Abogados Penal Internacional se creó hace trece años y su objetivo principal es sensibilizar a los gobiernos en la necesidad de implementar un verdadero sistema de Justicia Penal Internacional apoyado por la comunidad jurídica internacional. Además promueve el desarrollo de una profesión jurídica independiente de la Corte Penal Internacional y ofrece asistencia a los abogados que defienden las víctimas y los imputados ante dicha Corte, facilitando una comunicación eficaz entre los órganos de la Corte y los abogados.
El colegio está respaldado por los colegios de abogados más importantes no solo de España, entre los que se encuentra el ICAV, sino de muchos otros países.
- En la actualidad, ¿cómo se encuentra y cuál es su valoración sobre la situación de la Justicia Penal Internacional?
La Justicia Penal Internacional deviene necesaria, no podemos tolerar, como ha ocurrido en otras épocas, que queden impunes los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Este Tribunal, tiene competencia tanto para investigar como para juzgar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, estos últimos suelen ser invasiones y ataques de un estado a otro.
Considero que al igual que la globalización se ha implantado en determinados aspectos de nuestra vida, económicos, políticos, etc. también ha de haber una globalización de la justicia. Constatamos a diario que la justicia que viene de fuera de nuestro país influye directamente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Aunque los procedimientos que se juzgan en la Corte pensemos que nos pueden ser ajenos, los derechos, los principios, las reflexiones jurídicas que forman parte de las resoluciones de la Corte se integran en nuestro derecho, pues nuestros Tribunales los asumen y aplican.
- ¿Qué cambios destaca que se hayan llevado a cabo en el Colegio de Abogados de Valencia durante estos años de mandato?
Eso deben contestarlo los compañeros a los que representamos. La Junta de Gobierno trabaja con entrega, responsabilidad, rectitud de conciencia y prudencia, teniendo como última meta lo que es nuestra razón de ser, la defensa de los compañeros y el servicio a los ciudadanos. Y todo ello lo hacemos bajo los principios de austeridad y utilidad en el gasto. Nosotros hemos decidido libremente dedicar una parte importante de nuestro tiempo al Colegio, con el sacrificio que esta labor acarrea, y lo hacemos por los compañeros, por la abogacía y por lograr una sociedad más justa, pero los resultados no nos corresponde juzgarlos.
- El pasado 12 de enero se puso en marcha el Servicio gratuito de Orientación Jurídica para los afectados por las cláusulas suelo hipotecarias, ¿qué se ofrece a los afectados? ¿Cómo pueden acceder a este servicio?
Cualquier ciudadano que sepa o sospeche que es titular de un contrato hipotecario que incluya cláusulas suelo puede acudir al nuevo Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Valencia. Basta que cualquier consumidor acuda con su contrato hipotecario y la relación de pagos hipotecarios realizados y allí le ayudarán a la detección de la cláusula suelo y le facilitarán el formulario de la reclamación extrajudicial previa y toda la orientación jurídica necesaria para su presentación. Si la reclamación extrajudicial no concluye de manera satisfactoria y el consumidor decide iniciar un procedimiento judicial, el SOJ le informará si puede acceder al beneficio de justicia gratuita y, en caso afirmativo, le designará un abogado de oficio. Si no tiene derecho al beneficio de justicia gratuita, le indicará que puede acudir a un abogado de su libre designación.
- Como presidente de la Unión Profesional de Valencia, ¿cuáles son sus objetivos de futuro?
La Unión Profesional de Valencia es una asociación cuya finalidad es coordinar las actuaciones en temas de interés común para los 37 colegios profesiones representados en la misma y cuyo objetivo es seguir defendiendo la ética, las mejores prácticas, el buen hacer, la responsabilidad y el compromiso social y profesional. En definitiva, somos una entidad al servicio de la sociedad y desde nuestro ámbito y desde la fuerza que nos dan los 37 colegios profesionales y los colegiados que representamos, vamos a seguir defendiendo y promoviendo la excelencia profesional.
- La Abogacía envió hace unos días el documento ‘Elementos para una propuesta de Pacto de Estado por el Futuro de la Justicia’, ya que considera necesario que se aborde una reforma profunda de la Justicia para solucionar los problemas de los ciudadanos y de la sociedad. Como decano del Colegio de Abogados de Valencia, ¿cree posible una reforma de la Justicia como solicita el CGAE? ¿Qué cosas se podrían mejorar en el ámbito de la Justicia?
Querer es poder. Como decano del ICAV soy miembro del CGAE, con lo que tanto yo como el Colegio de Abogados de Valencia suscribimos las 34 propuestas que se pusieron a disposición del Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, grupos políticos, jueces, fiscales, letrados y personal al servicio de la Administración de Justicia, procuradores y otros profesionales de la Justicia, así como sindicatos, consumidores y otros colectivos ciudadanos. Las propuestas que afectan a diferentes aspectos, tienen como fin instar a que se aborde de forma definitiva una reforma profunda y duradera como verdadera solución de los problemas de los ciudadanos y de la sociedad.
No solicitamos mejoras para nosotros sino para la ciudadanía, que es la usuaria de este servicio público y que ha de tener más medios, ha de ser ágil, independiente, amparar al ciudadano en la tutela judicial efectiva y no generar indefensión, respetuoso con la presunción de inocencia etc.…. Son muchas las cosas que se pueden mejorar, hay que legislar y presupuestar pero insisto, son importantes la voluntad y los medios materiales y personales.
- ¿Cuáles son los retos de 2017 a los que se enfrentarán los operadores jurídicos?
Los retos son muchos, en concreto los abogados somos un colectivo que a diario se enfrenta a retos, cada día mantenemos una contienda, en el sentido jurídico de la palabra pero, considero que es vital en estos momentos tal vez más que nunca formarnos, los cambios legislativos, la legislación europea, las nuevas tecnologías, etc..., esta es una de las más importantes apuestas del ICAV. Soy consciente de que es casi imposible saber de todo, de ahí que el futuro de la abogacía supondrá cada vez más una especialización con el fin de que el asesoramiento y la defensa cada vez sean de mayor calidad.
- Los Derechos Humanos, ¿son una asignatura pendiente? ¿Qué podemos hacer para solucionar el problema de los refugiados?
Yo creo que la asignatura existe y es conocida, está todo hecho, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el problema es que no se puede legislar y no proveer de recursos, pero no humanos, sino económicos y ese es el hándicap fundamental, amén de la existencia de algunos espurios intereses de gobiernos del mundo.
En cuanto a los refugiados, decir que la definición común de refugiado hace referencia al emigrado acogido a la protección de un país que no es el suyo por razones políticas, raciales, religiosas y en muchas ocasiones como consecuencia de las guerras. Lo que vemos a diario en los medios de comunicación, no son refugiados, es gente huyendo, algunos ya fallecidos, otros en situaciones terribles y por contra una lentitud en los Estados que sorprende, enerva y exaspera.
Por otro lado la respuesta de la ciudadanía en general es de solidaridad y en disposición de ayudar, también los abogados, recordemos que el Consejo General de la Abogacía Española puso en marcha un Registro de abogados voluntarios especializados en materia de inmigración y asilo a disposición de las autoridades españolas y de la UE para abordar la asistencia jurídica de potenciales refugiados y personas desplazadas que en unos días recibió más de 1.000 solicitudes.