El Consejo General del Poder Judicial concluye en su informe de datos sobre procedimientos de corrupción que el primer trimestre de 2017 se llevaron a cabo un total de 27 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 97 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.
Estos datos se encuentran en el repositorio, presentado el pasado 12 de enero, de acceso público a través de la web www.poderjudicial.es . Un acceso que permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores (personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc).
Funcionarios, gobernantes y políticos
La información que se ofrece en el citado repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).
Personas acusadas y procedimientos por delitos de corrupción
|
Personas acusadas |
Procedimientos |
|
|
Tribunal Supremo |
0 |
0 |
|
Audiencia Nacional |
6 |
2 |
|
Órganos centrales |
6 |
2 |
|
Andalucía |
18 |
5 |
|
Aragón |
0 |
0 |
|
Asturias |
0 |
0 |
|
Baleares |
8 |
2 |
|
Canarias |
20 |
2 |
|
Cantabria |
2 |
1 |
|
Castilla-La Mancha |
0 |
0 |
|
Castilla y León |
9 |
3 |
|
Cataluña |
12 |
5 |
|
Comunidad Valenciana |
3 |
1 |
|
Extremadura |
9 |
1 |
|
Galicia |
0 |
0 |
|
Madrid |
5 |
3 |
|
Murcia |
2 |
1 |
|
Navarra |
0 |
0 |
|
País Vasco |
3 |
1 |
|
La Rioja |
0 |
0 |
|
CC.AA. |
91 |
25 |
|
TOTAL |
97 |
27 |
Un 77,8 por ciento de sentencias condenatorias
Entre los pasados 1 de enero y el 31 de marzo, los Juzgados y Tribunales dictaron 36 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 28 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 77,8 por ciento del total.
La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).
58 condenados por sentencia firme por delitos de corrupción
Con respecto al número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre son 58 el total de personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.
Los delitos de malversación, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y prevaricación administrativa son los que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias.
Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.
A 1 de abril de este año había en el conjunto de España 83 penados –en 46 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 24 con el de cohecho- y catorce preventivos.
