En la exposición de motivos, el grupo proponente (PSOE) argumenta que el calendario de implantación de la Ley es "inasumible" para las Comunidades Autónomas y para los centros educativos, aludiendo a que la reforma se realizó sin un diagnóstico compartido de la comunidad educativa, según han informado fuentes parlamentarias.
Asimismo, la proposición de ley se fundamenta en la propuesta presentada por doce comunidades autónomas en 2015 que pedían una moratoria para evitar las consecuencias de una implantación "precipitada" de la ley.
Por tanto, se propone la derogación del real decreto 1058/2015 del 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de educación primaria, y de las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta ley.
La disposición final primera de dicha proposición de ley insta al Gobierno al diálogo con las administraciones, la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo sobre las medidas para la mejora del sistema educativo.
Asimismo, también se propone la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley básica de educación que suponga la derogación de la LOMCE.
