![Castellano-Consejero-Gobernacion-Comunidad-Valenciana_EDEIMA20110802_0002_1.jpg](https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Castellano-Consejero-Gobernacion-Comunidad-Valenciana_EDEIMA20110802_0002_1-p118993-m404199-768x334_w100.jpg)
Así lo ha anunciado el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, en una rueda de prensa en referencia a la admisión a trámite por parte del TC del recurso interpuesto por el Ejecutivo contra la ley valenciana de custodia compartida y que, como consecuencia, la deja sin efecto.
Castellano ha indicado que ya se ha formado un grupo de trabajo para estudiar el recurso del Ejecutivo y para elaborar las alegaciones al mismo. Así, ha indicado que antes de que finalice el plazo para recurrir el escrito del Gobierno --previsto para el 19 de septiembre con un prórroga hasta el día 29--, la Generalitat valenciana presentará su correspondiente recurso "en tiempo y forma".
Una de las alegaciones hará referencia a Els Furs. En concreto, el consejero ha explicado que Els Furs de la Comunidad "son mucho más amplios que los de otras autonomías", y existen un mínimo de ocho referidos a la patria potestad, es decir, a la obligación de relaciones paterno-filiales.
Así, ha aseverado que la competencia para regular la normativa --a la que elude el Gobierno central-- "no puede servir de excusa para frenar el autogobierno valenciano". "Hay más razones a favor de la competencia que de la no competencia para desarrollar el derecho civil", ha puntualizado.
Con esta normativa, ha insistido, la Generalitat "lo único que hace es cumplir el Estatuto de Autonomía, que nos da competencia para desarrollar el derecho civil". El consejero ha señalado que "ahora no se pueden recurrir leyes que se hacen cumpliendo el estatuto", normativa que no fue recurrida.
"Nos hemos puesto a trabajar nada más hemos conocido el contenido y la literatura del recurso del Gobierno", ha insistido Castellano, y ha indicado que en el escrito del Consell pedirá al Ejecutivo que "desista" y retire su escrito. Asimismo, ha señalado que solicitará al Alto Tribunal el alzamiento "inmediato" de la suspensión de la normativa para que se pueda aplicar en la autonomía.
El consejero ha destacado que la ley valenciana "protege al menor, impide que los niños sean moneda de cambio y, además, propicia pactos de convivencia y evita la conflictividad judicial en temas tan sensibles como las relaciones paterno-filiales", ha puntualizado.
OTRA REUNIÓN EN SEPTIEMBRE
El grupo de trabajo se volverá a reunir a primeros de septiembre para concretar y cerrar el recurso, que también se expondrá a la comunidad jurídica con el objeto de que realicen las aportaciones que consideren y para que conozcan las "excusas" del Gobierno, que "son más políticas que jurídicas".
Paralelamente, el consejero ha insistido en que --paralelamente al proceso judicial-- es necesario que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre Estado y Generalitat valenciana para debatir este asunto. Así, ha reclamado que se fije una fecha "de forma urgente".
También ha reiterado que los valencianos "no pueden ser menos que los catalanes o los aragoneses", autonomías en las que --con un gobierno socialista-- se aprobó una normativa similar y contra ella no se presentó ningún recurso de inconstitucionalidad, ha destacado Castellano.