Catalá, estuvo acompañado por Juan Pujol, consejero delegado de Lefebvre - El Derecho e Ignacio Astarloa, presidente del Consejo Consultivo de Madrid y del Consejo Asesor de la editorial.
Para Catalá, la reforma que impulsa su Ministerio no puede consistir en la imposición de un grupo de ilustrados que tratan de aplicar su idea sobre la sociedad, sino que debe conformarse a partir de la experiencia de todos aquellos profesionales que trabajan a diario en la Administración de Justicia y de las necesidades de mejora que se les presentan.
Según ha señalado el ministro, la modernización de la Justicia es fundamental para conseguir una mayor sencillez en el trato y en los procedimientos, más agilidad en los trámites, transparencia en el funcionamiento y certidumbre en cuanto a sus decisiones. Rafael Catalá ha manifestado que una de las principales motivaciones para la reforma de la Justicia es colaborar con la búsqueda de la competitividad del sistema socioeconómico español dentro de la agenda de reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.
Igualmente, el ministro de Justicia se ha referido al imperativo de regeneración democrática nacido de una clara demanda social al que el Gobierno responde con una lucha sin cuartel contra la corrupción, mediante los instrumentos proporcionados por el Derecho Penal para mejorar su prevención y persecución.
Rafael Catalá ha enumerado algunas de las últimas iniciativas de su Ministerio referidas al incremento de los recursos humanos y materiales, las reformas normativas y la tecnología. En el primer caso, ha subrayado el aumento del presupuesto del departamento en un 1,2% por primera vez desde el comienzo de la crisis, así como las 282 plazas de nuevos jueces y 66 de fiscales, junto con las mejoras en edificios y recursos tecnológicos.
En la vertiente normativa, el ministro se ha referido a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que refuerza los derechos de las partes reformando los juicios verbales para introducir la contestación escrita a la demanda que permitirá al demandante conocer los motivos de oposición de la otra parte. Igualmente, ha mencionado la introducción de la valoración de oficio de las cláusulas abusivas en los contratos por parte del juez, así como la reforma del Código Civil para que las acciones personales prescriban a los 5 años.
En relación con el proceso penal, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contiene medidas para combatir la excesiva lentitud en los procesos relacionados con la corrupción que acaban suscitando la sensación de falsa impunidad. Por una parte, se introduce el cambio de las llamadas reglas de conexidad de los delitos investigados y por otra, se establecen plazos para la instrucción que agilizarán el proceso y tenderán a hacer realidad la estrecha colaboración entre juez instructor y fiscal.
La necesaria regeneración democrática tiene también su reflejo en esta norma con la nueva regulación del decomiso que permitirá que los bienes obtenidos de forma ilícita sean recuperados por la sociedad con la ayuda de una Oficina creada a tal efecto.
Por último, Rafael Catalá se ha referido a uno de los principales objetivos de su departamento como es la extensión de la tecnología y sus grandes ventajas en la Administración de Justicia. El ministro ha aludido al Plan 2015 para la aceleración de la Justicia en entornos digitales que fija su objetivo en conseguir una Justicia digital, abierta e innovadora a través de la mejora de la accesibilidad por medio de las comunicaciones procesales electrónicas; el cambio en la relación con el ciudadano; mayor transparencia, proximidad y apertura a través de la sede Judicial Electrónica y la implantación de una Oficina Judicial flexible, transversal y de servicios compartidos.
