El plan de choque tiene como objetivos evitar un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma declarado con motivo de la pandemia de coronavirus, agilizar al máximo la resolución de aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de las cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente.
Un proceso participativo
El texto del que se ha tomado conocimiento este jueves es el resultado de un proceso participativo a partir del primer documento de trabajo que la Comisión Permanente vio el pasado 8 de abril y que fue elaborado, bajo la supervisión del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, por los distintos grupos de trabajo técnico constituidos para cada orden jurisdiccional y para las medidas de carácter general, cada uno de ellos bajo la dirección de un vocal del Consejo e integrado por letrados del órgano de gobierno de los jueces y magistrados.
De ese documento se dio traslado a continuación a los órganos de gobierno de los tribunales, las asociaciones judiciales, los operadores jurídicos, las administraciones públicas y asociaciones y entidades diversas.
Así, han hecho llegar al CGPJ sus observaciones la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia, distintas Audiencias Provinciales, jueces de lo Mercantil y de Familia y la promoción 69 de la Carrera Judicial; así como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.
También han remitido sus valoraciones y propuestas los operadores jurídicos: abogados -el Consejo General de la Abogacía Española, distintos Colegios de Abogados y varias asociaciones-, procuradores y graduados sociales; representantes de las administraciones públicas como la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y la Abogacía General de la Comunidad de Madrid; y asociaciones y entidades diversas.
115 propuestas
El resultado del análisis detallado de todas las aportaciones recibidas es un texto de 539 páginas que reúne 115 propuestas, frente a las 108 del primer documento de trabajo.
Respecto al documento inicial, se han mantenido sin cambios un total de 50 propuestas, se han introducido modificaciones en otras 36, se han eliminado 22 -bien por las objeciones recibidas, bien por haber perdido su objeto al haber quedado recogías en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, como la referida a la habilitación del mes de agosto- y se han incorporado 29.
De este modo, el texto incluye siete medidas de carácter general, cuarenta para el orden jurisdiccional civil (23 de ellas referidas a la especialidad de Mercantil), doce para el orden penal, diecinueve para el orden contencioso-administrativo y treinta y siete para el orden social.
En todas y cada una de las medidas sometidas a consideración se ha seguido la misma sistemática, consistente en indicar, incluso en aquellas propuestas en las que se ha decidido su eliminación, cuál ha sido la decisión adoptada y su justificación, argumentando en cada caso el motivo de los cambios introducidos respecto de la versión inicial. En el caso de propuestas de reforma normativa, se recoge igualmente la redacción definitiva que se plantea.
Este bloque del plan de choque dedicado a las medidas organizativas y procesales se verá complementado con otros cuatro documentos que incluirán propuestas en los siguientes ámbitos: solución extrajudicial de conflictos, protección de los colectivos especialmente vulnerables, medidas tecnológicas y formación de la Carrera Judicial.
El objetivo es que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial debata y apruebe, en su caso, los criterios generales que informan las propuestas de reformas normativas incluidas en los documentos de trabajo, así como las medidas organizativas que sean competencia del órgano de gobierno de los jueces, que constituirán el plan de choque.
