La habilitación del mes de agosto se plasmó en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, ante el cual el Colegio de Abogados de Málaga expresó su rotundo rechazo.
El decano, Francisco Javier Lara, ha criticado que el Gobierno “ningunea a la Abogacía y nos deja sin vacaciones”, ya que se siguen enviando notificaciones con plazos, lo que impide el descanso y la necesaria desconexión digital de los profesionales. “Esta situación sólo sirve para fastidiar a los abogados y a los procuradores, porque el grueso de la plantilla judicial sí está disfrutando de vacaciones”, ha lamentado.
El Colegio de Abogados de Málaga insiste, tal y como expresó la Junta de Gobierno el pasado 30 de abril, en que declarar hábil agosto y garantizar el respeto a las vacaciones de los jueces y del conjunto de los funcionarios de la Administración de Justicia no es compatible con el pleno rendimiento del sistema, de modo que no se recuperará el atraso acumulan los juzgados. De hecho, esta decisión supondrá en la práctica la ralentización del sistema durante siete meses (junio, julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre y diciembre) en lugar de uno solo (agosto).
Por todo ello, el decano ha insistido en que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) debieron convocar una huelga desde el 11 al 31 de agosto para salvaguardar el derecho al descanso de los letrados, tal y como exigió la Junta de Gobierno de ICAMALAGA el 30 de abril, exigencia que supuso el requerimiento y apercibimiento al decano por parte del Consejo General del Poder Judicial por incurrir en un posible delito contra la Administración de Justicia.
“Hemos dado la cara en plena pandemia, asegurando el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos que nos han necesitado, y así es como nos pagan los servicios prestados”, ha afirmado Lara, quien ha aludido al derecho al descanso de los abogados al igual que el resto de operadores jurídicos y a los problemas de conciliación que ha provocado la decisión del Ministerio que dirige Juan Carlos Campo.
Antecedentes
Tras la habilitación del mes de agosto a través del RDL 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, el 11 de mayo la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomendó “limitar en lo posible las vistas orales, sin perjuicio de aquellas que deban celebrarse en atención a su urgencia”. Asimismo, en caso de que los jueces consideraran necesario aprovechar los días habilitados durante este mes, el Poder Judicial aconsejó “comunicar a las partes los señalamientos para dicho periodo con la suficiente antelación, preferiblemente antes del 15 de junio”. Asimismo, el CGPJ entendía como más conveniente “reducir al mínimo esencial la práctica de notificaciones cuyo plazo precluya entre el 11 y 31 de agosto”, extremo que el Colegio de Abogados de Málaga ha comprobado que no se está cumpliendo.
Tras constatar que el plan era un error, comenzó la tramitación parlamentaria para derogar la habilitación del mes de agosto, que no pudo refrendar el Senado porque los senadores se fueron de vacaciones. “Es la historia de un despropósito que no beneficia a nadie y que perjudica gravemente los derechos de los abogados y de los procuradores”, ha concluido Francisco Javier Lara.
