Sería la primera reforma social de la constitución española, en sus más de 40 años de vigencia, y se centraría en el precepto consagrado a las personas con discapacidad, aunque con un enfoque y una terminología propia de los años 70 del siglo pasado, hoy amortizada y no compatible con la perspectiva actual cristalizada en la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
Los trabajos de preparación de esta reforma constitucional han sido desarrollados por el Gobierno y el Congreso de los Diputados en estrecho e intenso diálogo con el CERMI, que ha sido la plataforma cívica que planteó esta reivindicación y llevó este asunto a la agenda política y legislativa.
El CERMI espera una pronta remisión al Parlamento del texto de reforma constitucional del artículo 49, en los términos acordados con el Gobierno, y desplegará una tarea de incidencia e interlocución para que se apruebe con el máximo consenso posible de las fuerzas políticas.
