Así lo ha interesado en el informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de adaptación al ordenamiento nacional del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
El informe, emitido el pasado viernes en el Pleno que ha presidido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, interesa que "por el Ministerio de Justicia se realice una reconsideración general del anteproyecto, a la vista de las trabas que el mismo impone a la labor autónoma de investigación del fiscal europeo delegado".
El objetivo de la modificación propuesta es que se configure como "un verdadero fiscal investigador, limitando la intervención del juez de garantías a la autorización de aquellas diligencias de investigación que afecten directamente a los derechos fundamentales y las libertades públicas".
Subsidiariamente, el Consejo Fiscal ha propuesto "mejoras técnicas para el caso de que no se acepte este planteamiento", según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado que los procesos de selección en relación a las actividades formativas, de colaboración y de participación con otras instituciones o comisiones de estudio en las que participen fiscales sean ofertados a toda la carrera fiscal con "un sistema de selección público, transparente y motivado en su adjudicación".
El juez, "un tercero imparcial"
En la misma línea, la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- ha propugnado un cambio de modelo que "atribuya al fiscal la dirección de la investigación penal" y en el que "el juez sea un tercero imparcial".
La AF ha querido manifestar que no comparte el modelo de proceso penal que dibujan tanto el anteproyecto de la futura Fiscalía Europea como el de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), a pesar de que encomienda al fiscal la instrucción.
En su opinión, el nuevo modelo "rezuma desconfianza hacia el fiscal investigador y supedita su actuación a la 'tutela' o 'supervisión' del juez de garantías, a quien dotan de unas competencias que exceden con mucho de la función de salvaguarda de los derechos fundamentales, desnaturalizando su esencia de tercero imparcial, y limitando con ello la eficacia y celeridad del proceso".
Además, la asociación fiscal ha insistido en que, "en todo caso, el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal debería ir acompañado de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que blinde al fiscal de todo intento de mediatización en su labor investigadora".
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