En un comunicado, han recordado que existen mecanismos previstos por el derecho internacional para proteger y evitar la perpetración de delitos de lesa humanidad: "Exhortamos a la comunidad internacional a abandonar su posición pasiva".
Han explicado además, que de los informes previos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se desprende que en los últimos años ha prevalecido la violencia contra las mujeres y las niñas así como la impunidad de los autores de prácticas de detención abusivas, incluida la tortura, sin que se hayan tomado las medidas necesarias para hacerles frente.
"Ante el anuncio de restauración de un régimen talibán, se prevé un incremento de víctimas entre las mujeres y los niños particularmente aterrador", han añadido.
Han recordado, asimismo, que Afganistán es Estado parte del Estatuto de Roma, por lo que la Corte Penal Internacional (CPI) puede ejercer jurisdicción si se cometen genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, tal como está sucediendo en el territorio afgano.
Así, consideran que es oportuno apelar al Alto Tribunal de Justicia Penal Internacional para que, de conformidad con las responsabilidades que le incumben en virtud del Estatuto de Roma y de conformidad con la decisión de la Sala de Apelaciones, de 5 de marzo de 2020, ejerza su jurisdicción e investigue "inmediatamente" cualquier acto de genocidio, crimen de lesa humanidad o de guerra.
